Banda de los injertos de la plaza Bolívar, por Augusto Álvarez Rodrich

El congresista Edgar Tello es el caso más reciente de ladrones que les roban el sueldo a los trabajadores de su despacho.

La denuncia de una asesora de su oficina de que Tello le exigió que use parte del bono de S/9.900 entregado en mayo para que le compre un proyector se suma a ocho acusaciones previas de extorsiones realizadas por congresistas para que los funcionarios que trabajan en sus oficinas les otorguen cupos dinerarios con el fin de mantener su empleo en el parlamento.

Además de Tello, que hoy integra el Bloque Magisterial y quien ha sido uno de los parlamentarios más cercanos al expresidente Pedro Castillo, están tres de APP: Rosio Torres, Magaly Ruiz y María Acuña; dos de Acción Popular: Marleny Portero y José Arriola; una de Podemos: Heidy Juárez (expulsada de APP por traidora al grabar conversaciones internas de la bancada que llevaron a la destitución de Lady Camones como presidenta del congreso); una de Fuerza Popular: María Cordero Jon Tay; y una no agrupada: Katy Ugarte, quien llegó por Perú Libre y fue ministra de salud felizmente por solo ocho días.

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Lo más probable es que estos nueve solo sean la punta de un iceberg de lo que constituye un modus operandi, un estilo generalizado de desempeñarse como congresistas, aunque más parezca que sea como delincuentes.

Porque lo que hacen estos congresistas ‘mochasueldos’ es un delito que el procurador general del estado, Daniel Soria, califica de concusión, aunque parezca, también, una extorsión, es decir, exigirle un cupo ilegal en dinero al trabajador para mantener el puesto.

Eso es tan grave como la complicidad de sus partidos que rara vez los sancionan, y del Congreso, cuyos órganos de revisión de estos delitos —comisión de ética y subcomisión de acusaciones constitucionales— funcionan en cámara lenta, y cuando llegan al pleno —si llegan algún día— enjuaga los delitos, como ocurrió con cuatro ‘Niños’ de AP. Tiene razón Víctor Andrés García Belaunde: “Este es el peor congreso porque es solidario con la corrupción”.

Por eso este congreso mediocre y corrupto, en el que funcionan bandas como la de estos ‘injertos de la plaza Bolívar’, dedicado a la extorsión, amenaza al periodismo con leyes creyendo que así evitarán que los denuncien.