Transporte en caída libre, por Santiago Dammert

No paramos de recibir malas noticias sobre nuestro precario sistema de transporte público. En Lima, dos corredores de bus pararon sus operaciones, dejando sin un servicio formal de movilidad a miles de personas. Además, la Municipalidad de Lima anunció una propuesta de empadronamiento de colectiveros, con el objetivo de formalizar a este peligroso medio de transporte informal.

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Por otro lado, el Gobierno central anunció una revisión del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), que permitiría hacer cambios en su directiva. Si somos optimistas, podría ser una oportunidad para reformar la institución y asegurar que pueda cumplir con sus objetivos. Si somos pesimistas, podría resultar ser un golpe más a la tan ansiada reforma del transporte, que tiene entre sus principales enemigos a quienes se benefician del caos que gobierna nuestras calles, incluyendo a colectiveros y transportistas informales. Habrá que esperar para conocer el destino de la ATU, entidad que se suponía iba a darnos por fin un sistema de transporte urbano eficiente y funcional, pero que hasta la fecha no ha alcanzado los resultados esperados.

Así como sucede con otros ejes de nuestra sociedad (como la educación universitaria), cada vez que el Estado cede a la presión de grupos de interés que lucran con la informalidad y precariedad de nuestros servicios públicos, nos alejamos de la posibilidad de una sociedad mejor. El transporte informal contribuye a que tengamos ciudades inseguras, desordenadas, contaminadas y caóticas; es decir, invivibles para la gran mayoría.

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El retroceso de la reforma del transporte demuestra las verdaderas prioridades de nuestros políticos, que no parecen estar alineadas con la mejora de nuestra calidad de vida. Para tener ciudades habitables, un sistema de movilidad urbana integrado y formal es un requisito.