Se lavan las manos, por Inés Flores

El Ejecutivo ha responsabilizado a policías y militares por la muerte de 59 personas que fallecieron entre diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023 durante las protestas sociales. Así lo ha dicho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo ha repetido el primer ministro Alberto Otárola en una entrevista periodística. Primero responsabilizó a los comandos policial y militar, argumentando que el Ejecutivo desconocía las estrategias que se emplearon en la represión de las protestas.

Ahora arguye la “responsabilidad individual”, dejando la investigación respectiva en manos de la Fiscalía. Los policías y militares denunciados ni siquiera cuentan con un abogado del Estado para defenderse. Este acto de cobardía de la presidenta Dina Boluarte y de su ministro Otárola pretende que la soga se rompa por el lado más débil. No tienen la hidalguía de reconocer la responsabilidad política que les cabe respecto a estos sucesos.

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Por otro lado, la CIDH ha presentado un balance desbalanceado de los hechos. Menciona que hubo ejecuciones extrajudiciales y una masacre, sin agregar una prueba convincente. Tampoco dice nada sobre la violencia y agresividad de ciertos grupos que participaron en estas protestas, como el ataque a policías en su intento por tomar e incendiar aeropuertos, locales públicos y otros. Es importante contextualizar los hechos.

En los Gobiernos de Fernando Belaunde (1980-1985), de Alan García (1985-1990), y de Alberto Fujimori (1990-2000) también se sopló la pluma de las responsabilidades a los militares que combatieron al terrorismo. Empero, los abusos, excesos y crímenes se investigaron y algunos militares todavía purgan prisión. Hasta el momento siguen las investigaciones. Dina Boluarte y Alberto Otárola pretenden repetir el mismo libreto. Pero para la opinión pública su responsabilidad es evidente.