Informe CIDH: llueve sobre mojado
Sigue siendo conveniente una comisión de la verdad.
La conferencia de prensa virtual de hoy de la CIDH para presentar su informe final sobre las protestas en el Perú será llover sobre mojado contra el gobierno y agravará la reputación internacional de la presidencia de Dina Boluarte.
Fuentes cercanas a la CIDH comentaron ayer a esta columna que su informe será más duro con el gobierno peruano de lo que fue el reporte de Human Rights Watch (‘Perú: Abusos brutales cometidos por las fuerzas de seguridad’) emitido la semana pasada.
A diferencia de HRW —que es una entidad privada de la sociedad civil, aunque eso no le resta relevancia alguna a sus conclusiones—, la CIDH es un órgano consultivo de la OEA cuya finalidad es promover la observancia y defensa de los derechos humanos.
HRW no dejó de hacer notar que el detonante de las protestas fue el intento de golpe de estado de Pedro Castillo, pero a continuación destacó que “el ejército y la policía llevaron a cabo lo que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante las protestas de los últimos meses”.
Asimismo, se refirió a “aparentes intentos del gobierno para minimizar los abusos, junto con la aparente pasividad ante pruebas sólidas de abusos (que) generan interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad”.
El informe de la CIDH será más crítico aún, luego de lo cual vendrá el de la ONU sobre los mismos sucesos, lo cual coincide con pronunciamientos igualmente preocupados por la reacción del gobierno peruano, como el del canciller de la UE Josep Borrell.
Es evidente que tras el intento golpista de Castillo hubo protestas violentas con motivación política, pero también que la reacción de las fuerzas del orden fue en algunos casos documentadamente brutal, ocasionando muertes que nunca debieron suceder, y fue igualmente grave que el gobierno no diera indicios de su distancia con estos.
Esta columna fue uno de los primeros espacios donde se planteó una comisión de la verdad independiente para esclarecer hechos y plantear correcciones. Quizá aún no sea tarde para hacerlo, lo cual ayudaría al gobierno a encarar mejor a la comunidad internacional que lo va a seguir presionando.