
Cada día se extiende más en el Perú la simpatía por Nayib Bukele, el presidente de El Salvador que ha confinado a miles de delincuentes en cárceles donde la aglomeración aparece en fotos dantescas. El aumento de los fans de este gobernante de derecha expeditiva se viene produciendo en los sectores populares, que es donde el crimen más golpea.
La seguidilla de pandemia y crisis política ha acelerado la expansión del crimen en este país, y más todavía el violento. Atrocidades que en otro tiempo fueron excepcionales han pasado a ser frecuentes y emblemáticas, y dentro de ello indetenibles. A un ritmo equivalente viene intensificándose la ira de la población.
El paquete Bukele no es solo un planteamiento eficientista (afirma tener 60,000 hampones presos, 1% de la población), sino también, y acaso sobre todo, una propuesta ideológica extrema que relativiza importantes planteamientos liberales, comenzando por los derechos humanos. Suele ser llamado autoritario, pero es mucho más que eso, y en algunos de sus extremos toca el fascismo.
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Básicamente el mandatario representa una venganza de los millares de víctimas, con elementos de la ley del ojo por ojo, de exhibición en la picota, de solución radical del flagelo de la inseguridad ciudadana. Pedir un Bukele, como empiezan a hacer algunos en espacios populares, es echar por la borda los sistemas policial, carcelario y de justicia peruanos.
Este nuevo bukelismo peruano también puede transmutarse en una corriente política ubicada bastante a la derecha. Algo así como un movimiento neo-odriísta que tácitamente postule “hechos, no derechos”. Una suerte de institucionalización del linchamiento. Práctica delictiva de la cual hemos visto algunos ejemplos dispersos en los últimos años.
Los crímenes que se vienen cometiendo y la impunidad de un número grande de sus autores están produciendo una gran acumulación de furia, capaz de estallar más allá de los límites de la política formal. El bukelismo ocasional en las opiniones es una de las válvulas de escape para las frustraciones de las víctimas diarias.
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La cantidad de candidatos a todo tipo de cargo que en sus campañas ofrece acabar con la inseguridad es una burla a la ciudadanía. Entre otras cosas porque no todo cargo público tiene las facultades y los recursos para enfrentar el problema. Los resultados están a la vista, y las penosas explicaciones también.





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