La desaprobación de la presidenta Dina Boluarte va en aumento. En la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el rechazo a su Gobierno alcanza el 78%. Y la tendencia, según los observadores, sigue en aumento. Casos políticos que han hecho mucho ruido como el megaoperativo contra la Universidad Alas Peruana y la extradición del expresidente Alejandro Toledo le sirven por el momento al Gobierno de cortina de humo para dejar de lado problemas vitales del país que no consigue resolver.
El presidente regional de Piura, Luis Neyra, ha anunciado que declararán persona non grata a Boluarte si no cumple con las promesas de atender las necesidades de esta zona que agoniza entre las inundaciones y el lodo. La región ha hecho evidente la indolencia e incompetencia del Gobierno y la falta de liderazgo de la mandataria ante situaciones críticas que castigan a los más pobres. Lo real es que Piura sigue abandonada después de los discursos de ocasión, los gestos de preocupación y las visitas televisadas de los representantes del Ejecutivo.
La Fiscalía de la Nación tiene una investigación en marcha contra la mandataria. La acusa de financiamiento prohibido y lavado de activos en la campaña de Pedro Castillo de la que fue candidata a la vicepresidencia. Ella niega conocer a los empresarios que la financiaron, pero las pruebas de la Fiscalía y de la prensa la desmienten.
A ello se suma otra denuncia fiscal por la muerte de unas 50 personas durante las protestas en el sur del país y en Lima exigiendo su renuncia, nuevas elecciones y una nueva Constitución. En los próximos días, dos de sus ministros serán interpelados en el Congreso con alta posibilidad de que sean censurados. Esto podría ser el prolegómeno de la hora final de Boluarte.