El desastre es político, Indira Huilca

La emergencia asociada al ciclón Yaku en diferentes regiones del país pudo ser tomada por Dina Boluarte como una oportunidad de mejorar su deteriorada imagen. En un país tan golpeado por desastres, atender las urgencias de la población más afectada –evacuación y rescate, distribución de agua y alimentos– depende de desplegar elementos de capacidad del Estado, como maquinaria pesada o personal de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la reacción inicial de la presidenta y su gabinete no fue solo lenta, sino indolente. Sus primeras declaraciones las dedicó a lamentar la falta de vehículos, motobombas y la debilidad del Estado. Para salvar el honor, tanto el premier como el ministro de Economía recurrieron a la “vieja confiable” excusa: los recursos existen, pero su ejecución depende de alcaldes y gobernadores regionales.

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Esta actitud desubicada generó gran indignación en la costa norte, que si bien es una plaza menos reacia a Boluarte comparada con el sur andino, estaba literalmente con el agua hasta el cuello. Recién pasado lo peor, quizá por temor a que el rechazo al Gobierno gane terreno, este está intentando girar su perfil al anunciar bonos, programas y hasta un plan ante la posible ocurrencia de un fenómeno El Niño.

Al parecer, Boluarte y sus ministros acaban de descubrir, por la fuerza de la naturaleza, que gobernar no consiste solo en reprimir y sitiar militarmente a la población. Si se toma en cuenta la celeridad con que se compró material antidisturbios o la rapidez con que se movilizaron tropas en el sur, el contraste es, por decir lo menos, grosero.

No menos lamentable es el papel de las y los congresistas. Olvidando su labor legislativa y de representación, el Congreso se ha reducido a un mero punto de acopio de donaciones, y algunos parlamentarios, a una suerte de turistas de la catástrofe que llegan a tomarse fotos simulando participar en tareas de limpieza o distribución de víveres. La “Comisión especial de seguimiento a la reconstrucción de zonas afectadas por El Niño Costero del 2017”, que fue reactivada en octubre del 2021 y es presidida desde entonces por el congresista fujimorista Cesar Revilla, ha gastado 514.545 soles solo en el pago de asesores de confianza.

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En el año y medio que lleva funcionando este Congreso no ha existido una agenda legislativa para hacer frente a la emergencia climática o siquiera exigencias políticas a los respectivos ministerios. Nada se ha dicho sobre proyectos de vivienda popular que impliquen reubicación de zonas afectadas. Nada sobre la fiscalización y sanción a autoridades provinciales y distritales que autorizan y validan legalmente asentamientos en zonas de riesgo, en muchos casos, coludidas con congresistas implicados en relaciones clientelares (por no decir mafiosas).

El alcalde de Lima no se queda atrás. Pasó de promover una cadena de oración para que el desastre no sea desastre, a justificarse diciendo que no tiene “ni un mango”, que recién va tres meses en el cargo y que “no jodan”. Luego demostró un brutal desconocimiento del marco legal vigente al pedir una ley que declare intangibles las quebradas (algo que ya existe), y también de las leyes de la naturaleza, cuando propuso proteger quebradas y ríos con “dos paredes de concreto y piso”.

La organización de la gente en las zonas más golpeadas ha sido la única respuesta útil hasta el momento. Lamentablemente, ninguna de las iniciativas de las autoridades toman en cuenta este factor, ni en lo relativo a las actividades de emergencia, ni en las políticas preventivas. Más que una oportunidad para este régimen, lo que se evidencia es que no solo en el sur carece de legitimidad. Esto hace imposible pensar en “que todo siga igual”, empezando por la continuidad de Boluarte y el Congreso.