El rol de la Defensoría

En su reporte del 7 de diciembre al 20 de febrero, la Defensoría del Pueblo da cuenta de 882 movilizaciones, 240 paralizaciones, 195 concentraciones y plantones, 10 vigilias y 60 marchas por la paz. Las protestas sumaron 1.327 en un balance de los casi tres meses de conflicto social. Además, hay 153 hechos de violencia, en los que se incluyen tomas de instalaciones, destrucción de propiedad pública y privada y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

La protesta pacífica ha sido legítimamente ejercida por la población, pero han ocurrido conatos de violencia significativamente menores que las manifestaciones por un reclamo o un determinado punto de vista.

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En Naciones Unidas se ha señalado que se ha pretendido reducir el espacio público y que esa posición del Gobierno no se condice con su pretendido carácter democrático, algo que The Economist define como un “Estado híbrido”.

En estos meses de convulsión social hay 66 muertes, 48 de ellas de civiles desarmados. Señala la Defensoría que no hay un solo detenido y las investigaciones, que deben ser céleres y rigurosas, no logran determinar aún las responsabilidades, la cadena de mando y los hechos de sangre en Andahuaylas, Ayacucho, Puno y Cusco, entre otros, debidamente individualizados y fehacientemente establecidos.

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La Defensoría garantiza la vida humana como fin supremo del Estado y ha mantenido una posición neutral, como lo determina la Constitución. Su voz independiente se ha dejado escuchar en estos meses, pese a las amenazas y las campañas de desprestigio.

El fallo del TC, concediendo al Congreso la razón en el proceso de elección del nuevo defensor, ha descolocado a la actual defensora, y hay algunas entidades estatales que se están negando a brindar información solicitada por canales oficiales, a la espera de un nuevo representante. Los interinatos anteriores no tuvieron ese problema y la labor se mantuvo hasta que se elegía al nuevo defensor.

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Es menester que la ciudadanía mantenga esta institución vigente y ejerciendo la cautela de la población con independencia y plena capacidad de intervención. Se trata de una instancia fundamental cuyo debilitamiento no corresponde a un Estado de derecho. Proteger a la Defensoría es una obligación democrática que no puede obviarse, menos en un clima político de tanta polarización.