La torpeza de la intervención estatal se expresa en múltiples historias. Quiero compartir una que pone en evidencia cómo un Estado poco inteligente, que actúa solo por la intuición o para la tribuna, pone en peligro la vida de la gente. El relato que me ha sido dado, justamente, acabó con la vida de una persona.
El área de seguridad de la Municipalidad de Lima, siguiendo las órdenes del alcalde —en lo que él entiende como poner orden—, exigió a su cuerpo de serenos expulsar de una de las cuadras del jr. Zepita a las trabajadoras sexuales que, en las veredas del viejo jirón, esperaban a sus clientes.
La calle está dividida para un mejor desarrollo de la actividad, para no “chocar”. En una cuadra están las trabajadoras sexuales, en la siguiente se ubican las mujeres transexuales, dedicadas también a la prostitución.
La mayoría de ellas fueron expulsadas de sus hogares tempranamente, no acabaron estudios, nadie le da trabajo a un “raro”, terminaron en esas calles por una auténtica falta de oportunidades y una sobrecarga de prejuicios que esas espaldas deben soportar.
Al ser expulsadas, el grupo de trabajadoras sexuales se mudó a la cuadra siguiente. El grupo de mujeres transexuales protestó: “¿Por qué si las han expulsado a ustedes, nos tenemos que mover nosotras?”, alegaron.
El conflicto se desató, la torpe municipalidad nunca midió el impacto que tendría su decisión. No hubo inteligencia, y sí bravuconería y una enorme carga de prejuicios, y discriminación.
Las trabajadoras sexuales, a diferencia de las mujeres transexuales dedicadas a este oficio, suelen tener “cafichos”, truhanes, proxenetas, esa suerte de escoria que vive a costa de las mujeres y de su sacrificio. Operan en mafias, controlan la calle, a las chicas, así como el mercado de drogas en la zona.
Y son los proxenetas —en este enredo generado por el propio municipio— los que se encargaron de encarar, pistola en mano, al grupo de mujeres transexuales amenazándolas con que, si no se iban, las matarían. Algunas dejaron la vereda, el farol, el portal del jr. Zepita. ¿Quién se enfrentaría a gente armada?
Pues hubo quien sí se les enfrentó, se llamaba Rubí. Y por esa osadía la asesinaron. 31 balazos. La agresión fue registrada en video y subida a las redes sociales donde, además, no solo se vio el cruel ataque, sino también cuando la víctima imploraba que no abrieran fuego.
La prensa grande dijo que la mataron por no pagar cupos. Pero no fue esa la causa, sin negar las extorsiones existentes. Se trató de una torpe decisión de la MML, que actuó sin estudio ni cautelas, sin entender el complejo mundo del trabajo sexual y la calle, ignorando las dinámicas de la selva de cemento y poniendo siempre el acento en las mujeres y no en los clientes que sostienen el negocio.
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No se puede hacer una intervención en la calle sin una mirada más multidisciplinaria, empática, desprejuiciada por parte de los cuerpos de seguridad. Menos palo y más estudio de la realidad.