Por: Melina Galdos
El reciente debate sobre las consultorías se ha articulado entorno a su utilidad e idoneidad. Argumentos que avalan su uso resaltan la necesidad de desarrollar políticas basadas en evidencia, reducir los costos en el acceso a información especializada y agilizar la toma de decisiones. Sin embargo, esta es solo una cara de la moneda.
Si bien las consultorías pueden ser una herramienta importante para mejorar el diseño e implementación de estrategias por parte del Estado, muy poco se ha discutido sobre la capacidad de absorción de este conocimiento por parte de las entidades públicas que las solicitan.
Capacidad de absorción es un término acuñado en la literatura sobre innovación que hace referencia a las competencias de las organizaciones para reconocer el valor de nueva información, asimilarla y aplicarla.
Esta función depende de las habilidades individuales de sus trabajadores y de las facilidades brindadas por la estructura de la organización para intercambiar ideas.
¿En qué medida nuestras burocracias están lo suficientemente preparadas para absorber y aplicar nuevo conocimiento?
El hecho de que existan consultorías que nunca se utilizan no solo responde a las posibles deficiencias del servicio, sino también a la falta de capacidades de integrar esa información en procesos públicos.
Más aún, poco se ha discutido sobre cómo impacta el uso de consultorías en la construcción de capacidades especializadas dentro del Estado.
En su último libro, Mazzucato y Collington sostienen que las consultorías infantilizan la función pública al privar a nuestros funcionarios más brillantes de la oportunidad de trabajar en algunos de los asuntos más desafiantes.
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En este contexto, es primordial que el Estado aprenda a rentabilizar sus inversiones en estos servicios y que procure construir capacidades, no solo para absorber este conocimiento, sino también para evitar relaciones de dependencia con pocos o nulos beneficios.