Por la fuerza, no, por Paula Távara

Estos días hemos podido conocer con contundencia el nivel de gravedad y violación a los derechos humanos que ha alcanzado la represión ejercida durante estos dos meses de Gobierno de Dina Boluarte a través de las Fuerzas Armadas y la Policía.

A inicios de la semana, un informe de IDL reporteros mostró cómo al menos en 6 de los 10 casos de fallecidos en las protestas en la región Ayacucho perecieron víctimas de disparos de militares.

Posteriormente, la organización Amnistía Internacional dio a conocer su informe preliminar sobre los sucesos en el Perú, el mismo que señala que el Gobierno ha usado violencia desmedida y que se habrían producido incluso ejecuciones extrajudiciales. Grave es también que se identifique un trasfondo de racismo en estas actuaciones.

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Estas graves situaciones requieren ser investigadas y sus responsables deben ser sancionados. Pero se trata no solo de investigar y hallar responsabilidades en los autores materiales de los hechos, sino en conocer quién autorizó el uso desproporcionado de la fuerza, las armas de fuego y los disparos al cuerpo, y quiénes, sabiendo que estas acciones venían ocurriendo, no dieron orden de detenerlas, avalando así la violencia y haciéndose responsables políticos de la misma.

Sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden se ha querido argumentar en más de una ocasión el carácter de “uso legítimo” y “monopolio de la coacción” que los Estados tienen entre sus prerrogativas, dando a entender que el solo hecho de tener esa prerrogativa hace aceptable y justificada toda acción en que las fuerzas del orden la empleen.

El monopolio de la fuerza es una de las características que atribuimos a los Estados desde su conformación, entendiendo que este se requiere para garantizar que otros actores de la sociedad no puedan emplear la fuerza y generar caos con ella (mediante el robo, el ajuste de cuentas, la agresión, etc.), pudiendo así el Estado cumplir con proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a vivir con tranquilidad y a ejercer el resto de sus derechos sin temor.

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Sin embargo, ese uso legítimo de la fuerza no puede ser ilimitado y diversas normas nacionales e internacionales hablan por ello de la proporcionalidad al emplearlo. Las fuerzas del orden pueden contener las situaciones que se consideren de riesgo, pero siempre respetando los derechos de aquellas personas a quienes estén conteniendo. Es el derecho a la vida, que estos días parece tan frágil, el primer derecho que los Estados, y sus fuerzas del orden, tienen el deber de proteger.

Pero es que, además, pretender mantener el orden o la paz de un territorio únicamente empleando la fuerza implica perder de vista que los Estados republicanos, como es el nuestro, se conforman por ciudadanos y ciudadanas, y no por súbditos obedientes; ciudadanos que tienen un acuerdo tácito de pertenencia a su comunidad y cumplimiento de las leyes, que se basa en la voluntad de pertenecer a la comunidad y convivir en ella.

El uso de la coacción no debiese ser el promotor del orden o del cumplimiento de la ley, sino que las autoridades deben crear incentivos para la obediencia voluntaria a la ley; pero en nuestro actual conflicto social, el uso de la fuerza ha sido no solo prioritario, sino casi la única respuesta que el Gobierno ha dado a los manifestantes.

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Ante su “no entender” las razones de la protesta, el Gobierno ha optado por acallarla sin importar las vidas que ello pudiese costar, perdiendo con ello cualquier legitimidad y proporcionalidad de sus acciones.

Esto podría llevar, al menos en lo inmediato, a un acatamiento de las leyes y un supuesto orden producto del temor a las represalias, pero no permitirá construir Estado, y ciertamente no resolverá los graves problemas de fondo que atravesamos como país.