¿Cuál es la estrategia?
Un sector del Congreso propone incautar vehículos y endurecer respuesta a las movilizaciones hacia Lima.
La información sobre movilizaciones hacia Lima ha circulado en medios y redes sociales. De diferentes puntos del país han salido compatriotas con la consigna de llegar a la capital. En su mayoría son comuneros del sur y del centro del país que se desplazan por las carreteras y tratan de pasar bloqueos policiales que les están impidiendo el paso.
El argumento policial —por no encontrarse en zona de emergencia— para no dejarlos circular ha sido la revisión de los permisos de conducir y la vigencia del SOAT y otros requisitos.
Todavía no queda clara cuál será la estrategia gubernamental para evitar que el reclamo sea pacífico y ajustado a lo que señala la ley. Por lo pronto, si de lo que se trata es de no dejarlos pasar, poco hemos aprendido de las sangrientas lecciones que nos han dejado las asonadas de Puno y Cusco.
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Frente a ello, el vocero político de la bancada de Renovación Popular, almirante Jorge Montoya, ha lanzado una iniciativa para que se militaricen los aeropuertos, se incauten los vehículos que movilizan a los protestantes y se endurezcan las medidas de represión, con detenciones de los líderes de la protesta.
Se buscaría así impedir la llegada de los movilizados a la ciudad y de blindarla de la presencia de los fuereños, consignados por las fuerzas políticas aliadas de Montoya como subversivos, terrucos, infiltrados de otros países, y otras versiones igual de discriminatorias.
Estas iniciativas fueron enviadas al primer ministro Alberto Otárola como recomendaciones ante las informaciones que dan cuenta de la presencia de grupos provincianos que llegan a la capital con la consigna de exigir la salida del Gobierno de Dina Boluarte.
El Ejecutivo aún no ha anunciado ninguna medida, excepto declaraciones a nivel periodístico en las que el primer ministro dice que Lima está segura y que está tendiendo puentes de diálogo con Puno y Cusco.
Por lo pronto, es necesario que se adopten medidas de seguridad para evitar la violencia, salvaguardando el derecho de los movilizados a la protesta legítima y a ser escuchados. Las carreteras no se pueden ni se deben bloquear, porque para eso existe el derecho de libre circulación. Los mecanismos de negociación y diálogo y de control y protección de la ciudad capital deberían servir para amainar la crisis, no exacerbarla.