Cómplices de la corrupción

Una nueva decisión adoptada en la Comisión de Constitución, en la que nuevamente se dieron la mano el fujimorismo y el cerronismo, está destinada a bloquear la posibilidad de que el Ejecutivo, a través del MEF, agregue más impuestos a los casinos y los tragamonedas.

Esta aprobación se produjo por 17 votos a favor, con el apoyo de Waldemar Cerrón, quien se alineó con la mayoría parlamentaria y los votos en contra del Bloque Magisterial, Cambio Democrático, Integridad y Desarrollo y dos votos de Perú Libre, que sumaron 5.

Hay que recordar que los casinos y los tragamonedas han apoyado la campaña política de los partidos políticos que sostuvieron por un largo período la tesis del fraude electoral, y mantuvieron una denuncia y promoción del golpe al régimen legalmente instituido. Durante el período de los comicios también dieron su respaldo a la candidata derrotada, Keiko Fujimori.

Esta nueva expresión de defensa de los intereses subalternos de los congresistas, que sobrepasa las barreras ideológicas, explica la incapacidad real del Congreso por hacer control político de las acciones del Ejecutivo.

El predictamen aprobado busca que solo por decreto legislativo, en caso de existir una delegación de facultades, se podrá variar tasas y los montos fijos del IGV y el impuesto selectivo al consumo para casinos y tragamonedas. Antes era el MEF el que podía variarlos con un decreto supremo.

No es la primera vez que el Congreso favorece a este tipo de empresas. En 2018 hizo lo propio, al exonerar a los casinos y tragamonedas del pago del ISC. Miguel Torres, fujimorista y exparlamentario, puso en cuestión un decreto supremo que había introducido modificaciones en la ley del IGV y del ISC y que iba a entrar en vigor en enero del 2019. Con 8 votos a favor y 5 en contra, la Comisión de Constitución de ese momento aprobó derogar la disposición del Ejecutivo.

La insolvencia del Ejecutivo para gobernar en beneficio de los peruanos, debido a su permanente búsqueda de blindaje para las acusaciones en su contra que va formulando el Ministerio Público, tiene como contraparte a un Congreso incapaz de cumplir su obligación de control del poder, porque está dedicado a responder a la agenda de los lobbies empresariales, que parecen ser más rentables.