Dueños de casinos y tragamonedas vinculados a operaciones sospechosas por US$479 millones

Por: Ernesto Cabral

El negocio del azar en Perú es muy diverso. Por un lado, por ejemplo, está el casino Atlantic City en Miraflores. En mayo, sus salones alojaron un evento por su aniversario, que contó con una torta de dos metros y arlequines en zancos entre cientos de tragamonedas. La otra cara de esta industria aparece a 1.300 kilómetros de esta fiesta, en Puno. Aquí, un local opera no más de 20 tragamonedas, a pocos metros de la frontera con Bolivia.

Por primera vez en su historia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha publicado un estudio sobre el riesgo de lavado de dinero en este sector. Una investigación de La Encerrona y Connectas ahondó en las vulnerabilidades detectadas por la UIF y halló offshore en Panamá que han operado casinos en Perú; salas que no solicitan documento de identidad para ingresar o cambiar fichas por dinero; y una serie de pesquisas fiscales por presunto lavado de dinero y delitos tributarios contra empresarios de este sector.

Ruleta de compañías panameñas

La documentación oficial revela que al menos siete offshore panameñas han sido accionistas de empresas que operan un total de 89 salas de juegos de azar en Perú. Estas sociedades figuran en los esquemas de Félix Rosenberg, involucrado en los Panama Papers, y la familia Mustafá, dueña de una cadena de hoteles.

Las sociedades de Panamá también aparecen vinculadas a la familia Sam, que opera en hoteles y restaurantes, y Omar Mahchi Aguad, dueño del Atlantic City. Aunque en estos dos casos no hay evidencia de que sus offshore operaran sus salas de juegos, los documentos detallan propiedades en Perú que han estado a nombre de estas empresas panameñas.

La revelación sobre estas offshore aborda la primera vulnerabilidad detectada por la UIF: las dificultades de las autoridades para identificar a los reales dueños de las salas de juego.

Si bien tener una offshore no es ilegal, explica Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam, “llevamos demasiados escándalos que estas sociedades tienen que ser, por principio, cuestionadas: todos sabemos que tener esas sociedades tiene un riesgo muy alto”.

Tres empresas de los Mustafá, que operan 20 salas, fueron fundadas por offshore en Panamá. Según los Registros Públicos, en 2012, las panameñas Ceibal Investment y Block Island crearon Rubi Gaming con S/200 mil. En 2019, ambas fueron redomiciliadas al Perú. A junio de este año, Rubi Gaming adeudaba S/3,4 millones por falta de pago de impuestos, según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Las panameñas Ceibal Investment y Block Island también aportaron S/200 mil en 2018 para constituir Esmeralda Gaming, otra empresa de los Mustafá que opera seis salas. En 2016, Mcondo Investment y Ragusa Service, también en Panamá, aportaron S/100 mil para crear Zafiro 5, que opera un tragamonedas en Perú.

A través de la abogada Flor Hernández, los Mustafá explicaron que la deuda de Rubi Gaming es consecuencia del cierre temporal de sus locales durante la pandemia. Sobre las offshore, Hernández dice que las actividades de este grupo “se ejercen mediante empresas legalmente constituidas”.

Rosenberg es el segundo empresario que ha administrado parte de sus casinos a través de offshore en Panamá. En 2016, los Panama Papers revelaron que estaba relacionado a 11 sociedades en paraísos fiscales. La Encerrona y Connectas identificaron una nueva offshore en su esquema.

En 2006, la panameña Pacific International Overseas ingresó al accionariado de Nevada Entretenimientos, que opera 48 locales. En 2008, la offshore se consolidó como accionista mayoritaria del capital de la empresa peruana.

Para 2014, la offshore incrementó su aporte a S/3,4 millones. A la fecha, se desconoce si continúa como accionista de Nevada Entretenimientos. En 2003, Pacific International Overseas compró una propiedad en Lima por US$82 mil. Doce años después, donó el inmueble (entonces valorado en S/165 mil) a un peruano.

La familia Sam —operadora de los casinos Golden Palace y La Hacienda— incursionó en el Caribe con José Sam Yuen y su madre Yuen Lam. Ambos son representantes de las offshore Anawim Holdings y Magnificat Holdings en Panamá. En Perú, Anawin Holding es propietaria de un departamento en San Isidro, que compró por US$475 mil en 2002.

Mahchi Aguad, por su parte, está vinculado a ocho offshore panameñas con un patrimonio acumulado de US$610 mil, según los Registros Públicos. En Perú, una de ellas, Garland Properties, ha sido propietaria de un inmueble en Lima de US$262 mil y es la dueña actual de un terreno en Punta Hermosa.

La Encerrona y Connectas contactaron a Rosenberg, la familia Sam y Omar Mahchi a través de una carta a sus principales compañías. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.

Zonas de riesgo para el azar

De acuerdo a la UIF, La Libertad y Puno son zonas “de riesgo geográfico” para operar casinos y tragamonedas, debido a la presencia de actividades ilícitas. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en estas jurisdicciones operan 21 salas de tragamonedas.

Esta investigación identificó dos locales en estas regiones que no solicitan documento de identidad a sus clientes para ingresar ni para cambiar las fichas por dinero. Estos son ejemplos de una segunda vulnerabilidad alertada por la UIF: “Las deficiencias en la debida diligencia de conocimiento de clientes [...] en zonas geográficas de difícil acceso”.

La Libertad es considerada centro de operaciones del narcotráfico por las autoridades desde el siglo pasado. A esto se suma que, en los últimos 16 años, los dueños de casinos y tragamonedas en esta región han estado involucrados en operaciones sospechosas por más de US$201 mil, según cifras de la UIF.

El incremento de salas de tragamonedas en La Libertad “es un indicador de la disponibilidad de dinero en efectivo [...] y merece una especial atención de las autoridades”, dice el general PNP Ángel Toledo, exjefe de la Dirección de Lavado de la Policía. Su geografía además favorece el narcotráfico y la minería ilegal, según el general PNP.

En Huamachuco, distrito que lidia con la minería ilegal, por ejemplo, opera la sala Golden 777. En junio, La Encerrona y Connectas visitaron este local y constataron que no solicitan un documento de identidad a sus clientes ni para entrar al establecimiento ni para cobrar el dinero en efectivo.

Esta sala es operada por Recreativos e Inversiones Stefano. La compañía ha incrementado su capital social en 5.000% entre 2006 y 2013. El año de su fundación registró S/10 mil como capital inicial. Siete años después, este se incrementó a más de S/510 mil.

Puno, por su parte, es afectada por la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico. La Encerrona y Connectas visitaron la única sala de juegos en Desaguadero. El local se ubica a una cuadra del cruce fronterizo con Bolivia y aloja alrededor de 20 máquinas. Es operado por Salon de Juegos Imperial Sur, fundada en 2004 en Arequipa.

Aunque inició con un capital de S/1.000, este alcanzó los S/78 mil para 2007; es decir, un incremento del 7.700%. A la fecha, este local no tiene autorización vigente ante el Mincetur y tampoco pide documento de identidad a sus clientes.

La Encerrona y Connectas intentaron comunicarse con ambas empresas por teléfono. En el primer caso, una mujer que prefirió no identificarse indicó que el representante legal no se encontraba. Al insistir, colgó. En el segundo caso, se llamó en reiteradas ocasiones, pero no hubo respuesta.

Dueños del azar bajo sospecha

La UIF, finalmente, alerta que, en los últimos 16 años, los dueños de juegos de azar han realizado operaciones sospechosas por US$ 479 millones.

La identidad de los empresarios involucrados solo la conocen las autoridades. El informe de la UIF, sin embargo, brinda algunos detalles. Solo en los reportes emitidos entre 2007 y 2018 están involucradas 54 empresas y 152 accionistas o directivos directos de estas compañías.

Los delitos contra la administración pública y el tráfico de drogas destacan entre los posibles orígenes del dinero sospechoso. Los primeros están vinculados a operaciones sospechosas por más de US$8,3 millones; mientras que el narcotráfico ha sido la supuesta fuente de US$7,2 millones. A estos se suman delitos tributarios, aduaneros y la minería ilegal, entre otros.

Las operaciones sospechosas contrastan con la percepción de riesgo que tienen los propios operadores de salas de juegos. Según la UIF, estos empresarios “no parecen tener claros los riesgos asociados al lavado de activos que conlleva el desarrollo de sus actividades”. Esta percepción además no va acorde con las últimas investigaciones fiscales.

En 2014, un informe policial alertó sobre Rosenberg por presunto contrabando y defraudación tributaria, aunque el caso fue archivado. La solicitud a la Fiscalía reveló imputaciones adicionales por crimen organizado, lavado de dinero y obstrucción de la justicia contra Rosenberg. Los dos últimos fueron archivados; mientras que en el primero no se conocen mayores detalles.

A través de cartas enviadas a los Sam y Rosenberg, se solicitó información sobre el estado actual de estas investigaciones. No hubo respuesta hasta el cierre de edición.

En la respuesta de la Fiscalía también aparecen Carlos Betancourt Trujillo y Manuel Álvarez Cárdenas como investigados por estafa, falsificación documental y delitos tributarios. Ambos han estado vinculados a las salas Fortuna en Lima. La pesquisa contra Álvarez fue archivada, según el gerente general de una de las compañías que operan Fortuna, Alejandro Alberdi. Sobre Betancourt, Alberdi solo subrayó que ya no está vinculado a sus empresas.

Por último, Alejandro Mendoza Guerrero, fundador y gerente general de Inversiones Recreativos Guerrero, que opera salas en Lima, Ayacucho y Madre de Dios, ha sido investigado dos veces por lavado de dinero en Lima, y otras dos veces por presunta estafa en Madre de Dios. Nos contactamos con el número de la empresa y tres celulares a nombre de Mendoza, pero no hubo respuesta.

De rey de los casinos al caso Lava Jato

La Fiscalía de Lavado de Activos investiga a empresarios de los tragamonedas Mythic y Wan Wha, por la última campaña presidencial y el caso Lava Jato. En este último también está incluido José Sam Yuen, aunque como testigo en la acusación fiscal contra Keiko Fujimori.

En ese caso, Sam ha reconocido ante la Fiscalía haber sido un falso aportante para la campaña de Fuerza Popular, y haber reclutado a otras dos personas con el mismo propósito. El empresario aceptó haber realizado esas acciones a pedido de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza Popular. Además, Sam Yuen aportó S/3 mil en efectivo.

Según documentos oficiales, Sam Yuen también es investigado por lavado de activos por un presunto falso contrato con Mark Vito. Su familiar José Sam Cam, quien también está vinculado al negocio del azar, ha sido imputado por lavado de activos y falsificación documentaria, según respondió la Fiscalía a una solicitud de acceso a la información pública.

Lee la investigación completa en www.connectas.org