En el Perú el sistema está roto. El 81% cree que los partidos y los políticos no se interesan en la gente común. El 80% cree que la economía está amañada para favorecer a los ricos y poderosos. El 72% cree que los expertos no saben en realidad cómo es que vive cotidianamente la mayoría de las personas y el 73% cree que la principal brecha del país es entre la gente común y las élites económicas y políticas. Con estos datos no resulta extraño que el 70% espere que haya un líder que recupere el país de las manos de los ricos o que el 65% crea que es mejor que los temas políticos relevantes se decidan por referéndum, es decir, por democracia directa y no por la vía de la representación.
Estos son algunos de los indicadores del índice de sistema fracturado con el que Ipsos Internacional compara a 25 países en el mundo, uno de ellos Perú. Después de Colombia, nuestros resultados son los más desalentadores, muestran un nivel de descrédito de la política y de la economía muy por encima del promedio global. La confianza se ha roto, no son grietas menores, son fracturas profundas.
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En general los Estados y los sistemas políticos y económicos en el mundo se han puesto a prueba en la pandemia. Han sido “estresados” por niveles de demanda no vistos antes. Pero el colapso al que llegamos nosotros parece ser el peor y ha afectado duramente la valoración que tenemos los ciudadanos. En otro estudio publicado este año, Lapop muestra que en América Latina y el Caribe el Perú es el antepenúltimo país con menor apoyo a la democracia y el que tiene el porcentaje más alto de población que apoyaría un golpe militar. ¡El más alto de todo América Latina y el Caribe!
Este nivel de deterioro de la democracia no es solo por la pandemia, tiene que ver con la precarización de la performance de nuestra clase política. El enfrentamiento permanente, la sobre polarización en busca exclusivamente del error del contrario y el sometimiento extremo de nuestro orden institucional pasan factura.
La nueva crisis en la que estamos, con una vacancia ad portas, que no es más que el uso de la medida más extrema contemplada en la Constitución a solo 4 meses de instalado el Gobierno, es una muestra más de la explosiva performance política peruana. Se equivocan quienes creen que lo que está en riesgo es la gobernabilidad del país, lo que está en riesgo es la sobrevivencia de nuestra democracia (Adrianzén).
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Evidentemente, el presidente Castillo tiene cosas que responder y que enmendar. El caso de la señora Karelim López no se explica bajo la lógica de tener “reuniones personales”. Se requiere una investigación seria y, de haber alguna responsabilidad, una sanción. Pero jugar con la vacancia como lo están haciendo los grupos de extrema derecha, que nunca aceptaron los resultados electorales, es un golpe a nuestra democracia y el desenlace puede ser catastrófico.