(*) Psicólogo social, Universidad de Lima.
De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que cubre 150 de 196 provincias del país, el 91% considera que el modelo económico amerita cambios. Esto tiene matices porque, respecto al total de encuestados, la mayoría considera que el modelo básico se puede mantener, pero que sí necesita modificaciones (58%) y un tercio está de acuerdo con un cambio total.
Qué cosa entienden las personas por “modelo económico” es algo que se deberá explorar con mayor profundidad, pero podría no solo referirse a la economía. Puede que se vincule a una mirada de distribución injusta del poder en la sociedad en su conjunto. Es probable que también se relacione con la sensación de no tener acceso a servicios adecuados de salud, educación y seguridad. Pero, además, puede que también esté vinculado a una crisis sanitaria que ha licuado ahorros y calmas; y a una percepción de corrupción que atraviesa el estado, al sector privado y a las agrupaciones políticas. ¿Cuál es el principal problema en el país de acuerdo con la encuesta mencionada?: la corrupción, el Covid-19 y la economía.
Si cambiar es el verbo, “el lapicito” (que es como se va haciendo conocido) es el sujeto asociado. Algunos estudios sobre comportamiento electoral señalan que el voto se puede explicar por los temas relevantes durante la campaña y por la percepción de qué candidato está más asociado o es más creíble con relación a su resolución. La campaña continúa, vienen los debates, se pondrán a prueba los equipos y hay un tercio que podría cambiar de voto, pero las diferencias en intención de voto son grandes.
Algunos le creerán, otros no, pero Castillo ha dado declaraciones marcando distancia de Cerrón, del ideario inscrito en el JNE, etc. Con ello genera muchas más preguntas que deben ser respondidas porque en alguna declaración, por ejemplo, asoció una cadena de tiendas por departamento con un monopolio. Sin embargo, no ha dejado de repetir que buscará cambiar la Constitución y el modelo económico. La sociedad organizada, desde diversos lugares, viene planteando demandas básicas a un futuro gobierno y, de ser el caso, a lo que implica un cambio constitucional (una posición frente a la reelección, por ejemplo). Eso deberá seguir su curso, pero también hay que ver cómo se ubica la ciudadanía frente a esto.
Cuando en noviembre del año pasado Datum preguntó si se estaba de acuerdo o en desacuerdo con cambiar la actual Constitución por una nueva, un 56% se mostró de acuerdo. Al indagar en los motivos de esa opinión, lo que se recogió fueron principalmente pedidos de endurecimiento de penas para corruptos y delincuentes, así como un rechazo a su vinculación con el fujimorismo. Solo un 12% mencionó la búsqueda de una mayor intervención del Estado en la economía. En la reciente encuesta del IEP, cuando se analiza el perfil del votante de cada uno de los contendores, el 52% de las personas que votarían hoy por Castillo sostienen que el modelo económico se debe mantener con cambios y un 41% que se debe cambiar totalmente. No todos apuestan a un cambio radical. Si Castillo accede al ejecutivo, no está claro con quién compartirá el poder en ese espacio, pero sabemos que se enfrentará a un Congreso diverso y poco predecible. Los años que vienen estarán distantes de la parsimonia. Los grupos organizados en la sociedad civil se vienen reactivando y se deben hacer un espacio en el debate, pero los ciudadanos tendrán también un peso en lo que venga por delante. Lo que hay, hasta ahora, es un respaldo a alguien que se le percibe cercano, un igual en quien depositar la confianza para que las cosas cambien de rumbo hacia un mayor bienestar. El asunto es que eso ya se vio antes y sabemos que entre ello y gobernar hay un océano de temas por resolver y aclarar.
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