Acuerdo de gobernabilidad no es Hoja de ruta

Chantal Mouffe, la madre de la teoría populista en América Latina, decía en una reciente entrevista, “el régimen de los Kirchner en la Argentina era populismo de izquierda, pero era absolutamente institucional”.

Mouffe afirma que la radicalidad populista requiere, como contraparte indispensable, de cierta institucionalidad estatal. Incluso, en la gestación de una nueva institucionalidad. Sin Estado mínimo, nos dice Hobbes, las personas volvemos al “estado natural” en sociedades donde campea el temor y la incertidumbre ante la presencia de otro amenazante.

En estos días, sectores de la sociedad civil plantean una agenda mínima institucional. Más que la hoja de ruta, firmada por Humala en 2011, recuerdan al acuerdo de gobernabilidad suscrito por los partidos de la oposición a la caída de Fujimori, en el 2000, y que sentó las bases del gobierno de transición de Paniagua.

La agenda mínima que se propone no contiene, hasta donde se lee, cortapisas a la gestión de ningún gobierno. Con la excepción del enfoque de género en las escuelas (que es un consenso normativo en el Sistema de Naciones Unidas) y asegurar la vacunación universal (que es un derecho humano a la salud, ratificado por la OMS), los puntos son principios estrictamente constitucionales: cambio de constitución dentro de los procedimientos constitucionales vigentes, respeto a la independencia de poderes, libertad de expresión, derecho de las minorías, libertad sexual, etc.

En cambio, la hoja de ruta firmada por el candidato Humala sí le cortó las alas al proyecto de la “gran transformación”: le impuso compromisos (p. ej. no tocar la AFP), decisiones de políticas tributarias, de energía, del régimen laboral, etc. Otra cosa.

¿Por qué suscribir entonces un acuerdo de gobernabilidad en el 2021 si plantea principios ya consagrados por la Constitución? Porque Keiko no ofrece garantías, si nos atenemos a los actos desestabilizadores de los últimos años, por no hablar de la “herencia” fujimorista. Porque Castillo habla de convocar a un referéndum para que los peruanos se pronuncien a favor o no de una nueva Constitución. Hay desconocimiento de los procedimientos constitucionales: cualquier escenario de cambio constitucional pasa necesariamente por una votación previa de dos tercios en el Congreso.

Puede haber épicos simpatizantes de PL que piensen que es posible “saltarse” unos cuantos “pasitos” formales. ¿Cómo? Castillo no tendrá mayoría en el Congreso, ni siquiera tiene segura una bancada (cerronista), y ya no hablemos de poderes fácticos, empezando por las Fuerzas Armadas, que no son velasquistas (¿alguien dijo Venezuela?).

Un acuerdo de gobernabilidad otorgaría un aire político e institucional: ¿a un candidato que recibió 18,9% (o 13,4%) en primera vuelta, la votación más baja desde la creación del voto universal en el Perú, en 1979? ¿A un Ejecutivo en difícil convivencia con un Congreso que ya probó sangre, con la destitución de Vizcarra? Es posible. Ese acuerdo no sería el único que el candidato suscriba, pero es uno que apunta a “salvar los muebles” de nuestra precaria institucionalidad que incluye, por cierto, a la presidencia de la República.