Disparar hasta matar, por Marianella Ledesma

Hay una frase icónica popularizada por los cómics de Marvel con el personaje de Spider-Man, que dice: “Un gran poder exige una gran responsabilidad”; y ello es evidente, sobre todo cuando la vida social se mueve bajo los parámetros de una democracia representativa. Por decir, el poder de quien ejerce el cargo de presidente, congresista o alcalde es un poder delegado por la voluntad popular para que se ejerza con límites y con responsabilidad.

Esta regla responde al modelo republicano de gobierno; por ello, nuestra Constitución señala en el art. 45 (reafirmando lo que también decía la Constitución de 1979) que el poder se ejerce con límites y con responsabilidad. Esta es una regla básica de convivencia, que se expresa en el binomio poder y responsabilidad como un principio fundamental, tanto para los héroes de ficción como para las personas en la vida real. De ahí que ejercer el poder no solo significa tener la capacidad de hacer algo bien, sino que requiere que ese ejercicio se haga pensando en el impacto de nuestras decisiones, para lo cual no solo se brinda una respuesta inmediata, sino ponderada y meditada en las consecuencias y valores democráticos y humanos que se tendrán que sacrificar para beneficiar a otros.

Ejercer el poder, desde la vida cotidiana o desde el ejercicio político, tiene la misma lógica. Su ejercicio requiere de responsabilidad, evitando el abuso y promoviendo el bienestar; por ello, no resulta aceptable el poder que se ejerce de manera desbordada, ilimitada, desaforada. Todo lo contrario: se requiere un poder racionalizado, reflexivo y limitado, al que se acompaña, en su ejercicio, la responsabilidad por las decisiones tomadas.

La violenta represión en Juliaca

Hace tres años que la Policía Nacional atacó con perdigones y armas de fuego a manifestantes y transeúntes en la ciudad de Juliaca. Este ataque sucedió un 9 de enero. El pueblo aymara ejercía su derecho constitucional a la protesta; no estaban de acuerdo con que Dina Boluarte asumiera el ejercicio de la presidencia de la República; sin embargo, fueron atacados con bombas lacrimógenas, perdigones y proyectiles de armas de fuego. Había la orden de disparar a matar; por ello, se asesinó a 18 personas en Juliaca, sin mayor reflexión.

En el diseño de nuestro Estado constitucional, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y policiales (art. 166 de la Constitución). Ellos no son deliberantes y están subordinados al poder constitucional; por tanto, la orden de disparar a matar no es una orden ajena o desafiante frente a quien ejerce la condición de jefe supremo de estas instituciones militares.

El ejercicio irregular y desproporcionado de utilizar armas de fuego contra la población civil que protesta también es un tema que debe ser materia de análisis para determinar el grado de responsabilidad en las decisiones que se tomaron para responder a la protesta en Juliaca, a lo que se agrega que la mayoría de fallecidos fueron transeúntes que no participaban de la protesta. También deben ser objeto de análisis las acciones que se tomaron desde el gobierno cuando se conoció la forma cómo se estaban controlando las protestas (uso desproporcionado de la fuerza y armas de fuego) y las personas fallecidas frente a la intervención policial.

El poder se ejerce con responsabilidad: ¿qué acciones se tomaron para controlar el desborde de una protesta social?, ¿qué órdenes se impartieron para ello desde la más alta cúspide del poder?

Estas preguntas no solo alcanzan a los hechos del 9 de enero de 2023, sino también a los levantamientos que en días siguientes se generaron en diversas zonas del sur del país. ¿Quién se responsabiliza por las decisiones tomadas? Se requiere esclarecer ello para determinar la responsabilidad penal de los efectivos policiales que asesinaron a la población civil en Juliaca. Boluarte, como jefa de gobierno, tiene que asumir, tarde o temprano, la responsabilidad de sus decisiones en el ejercicio del poder frente a la protesta en el sur, a pesar del blindaje de este Congreso.

No debemos perder la memoria

Las víctimas, que deberían ser el centro de la historia, aparecen invisibilizadas; si no fuera por el registro fílmico y fotográfico recogido en la escena donde se generó el asesinato de las 18 personas, y una serie de evidencias que el Ministerio Público de Juliaca en su momento conservó, se permite continuar con la tarea a través de una comisión especial que se creó para ello.

Se hace necesario agotar las investigaciones y determinar e identificar a los responsables de estas agresiones. La única institución que tiene el deber constitucional de conducir desde su inicio la investigación del delito es el Ministerio Público; por ello, en atención a la complejidad y gravedad de los hechos, se creó una fiscalía especializada, que se acaba de desactivar. Esto significa que retornarán los antecedentes de la investigación fiscal a Juliaca, pero no el fiscal investigador que tenía a su cargo el caso. Nuevos fiscales conocerán los hechos desde su inicio, generando con ello dilaciones en el proceso penal y, posiblemente, esta dilación podría generar a futuro que los procesados aleguen la vulneración del plazo razonable.

Los familiares de los fallecidos siguen siendo afectados, no solo por la pérdida del ser querido, sino por el acceso a un sistema judicial lento, por la estigmatización social sostenida desde el gobierno al llamarlos terroristas y por la ausencia de una compensación frente al daño irreparable que han sufrido. Ellos son los más afectados y requieren ser mirados con humanidad y con justicia.

Recordar los hechos del 9 de enero es reconocer que hay un tema de justicia pendiente con los deudos de los fallecidos. La mayor parte de los asesinados no participaban en la protesta; eran personas que ocasional- mente transitaban por la zona o que estaban apoyando a los heridos, como fue el caso de Marco Antonio Samillán.

El poder que ejerció la PNP para quitar la vida a quienes se cruzaban por su camino requiere una respuesta que determine la responsabilidad de quien ordenó disparar hasta matar en los hechos del 9 de enero. Las imágenes visuales que felizmente existen y los testimonios de los sobrevivientes narran que la policía no tenía un rol disuasivo, sino que ejerció una agresión desproporcionada, con el uso de perdigones y, sobretodo, con proyectiles de arma de fuego. La policía, en lugar de proteger a la población civil, la agredió y asesinó. ¿Así se ejerce el poder? Tiene que haber una investigación y sanción a todo ello; el sentido de justicia así lo exige.

Hay responsabilidades penales, civiles y políticas que deben esclarecerse y condenarse —aún— por parte de quienes, bajo el ejercicio del poder delegado, asumieron y ejecutaron todas estas acciones en el sur del país. No debemos perder la memoria ni ser indolentes. No pueden quedar en el olvido estos asesinatos, ni menos en la impunidad, por más que des- de la Fiscalía de la Nación se quieran generar trabas y dilaciones para seguir avanzando en esa búsqueda de justicia. En memoria de las personas fallecidas, el sistema judicial tiene que generar prontas respuestas para hacer realidad un principio básico de convivencia: todo aquel que genera un daño tiene que repararlo o compensarlo y asumir la sanción penal que le corresponda por su actuar.