Elecciones

La fiebre electoral llegó. Este 30 de setiembre se vence el plazo para que cualquier candidata o candidato presidencial se inscriba en alguno de los partidos existentes. Las especulaciones de alianzas, planchas y jales están a la orden del día.

Pero este 30 de setiembre también se vence otro plazo. El dado por la comisión del Congreso encargada de la elección de nuevos magistrados y –ojalá– magistradas del Tribunal Constitucional, para integrar aportes de la sociedad civil a su reglamento de elección.

Si les harán caso o no a los aportes, es otra historia. Pero la ventana se abrió y dependerá de la sociedad civil si opinan o no.

Esta semana el Tribunal Constitucional volvió a mostrarle al país lo importante que es, así como la trascendencia de sus decisiones. No solo por su capacidad de definir conflictos de competencia entre poderes del Estado, sino porque sus fallos pueden afectar incluso nuestra recaudación fiscal. Por cuatro votos contra dos –un magistrado no participó por conflicto de intereses– el TC declaró infundada la acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de La Libertad contra el DL 1421.

El tema de fondo tiene que ver con plazos de prescripción de deudas. Resulta algo enredado, pero se asocia al tiempo existente para determinar una deuda fiscal y luego el plazo que hay para cobrarla. De prosperar esta demanda, el Estado habría perdido la posibilidad de cobrar más de S/ 9 mil millones a grandes empresas. Algo así como dos veces el monto invertido en más de 8 millones de bonos entregados por la pandemia. En la comisión de selección del Congreso están Vega y Luna, por UPP y Podemos, quienes han dado señales de querer amarrar en el pleno una repartija de magistrados para defender intereses particulares. La pregunta es si alguien esperaba algo diferente de ellos.

Pero también están Rocío Silva Santisteban (FA) y Gino Costa (PM), que no han parado de pelear por precisar mecanismos de evaluación meritocrática y de la valoración de la idoneidad moral de candidatas y candidatos. Junto a ellos, la congresista Retamozo (Frepap) ha mostrado voluntad y compromiso con un proceso transparente, proponiendo la pre-publicación del reglamento.

Cuál será el resultado, no lo sabemos. Lo que no podemos hacer es bajar la guardia y dejar que pase por agua tibia una elección así. Se elegirían seis magistrados de siete. Ellas y ellos tendrán en sus manos decisiones vitales, para el funcionamiento democrático o no, de nuestro país.

El Tribunal Constitucional es la máxima instancia encargada de garantizar y proteger nuestros derechos constitucionales.

Que quede en manos de personas comprometidas con intereses subalternos podría ser un golpe del que no podremos recuperarnos.