Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.
El pasado 11 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, notificó al Senado de su país la intención de incorporar al Perú como aliado principal “no miembro” de la OTAN. Esta posible designación, que no conlleva obligaciones jurídicas de defensa colectiva, debido al criterio de regionalidad del tratado, amerita algunas reflexiones en torno a sus implicancias y el contexto en el que se formula.
En primer lugar, la OTAN es una alianza político-militar de defensa colectiva integrada por 32 Estados, creada bajo el marco de los artículos 52 y 53 de la Carta de la ONU. Su artículo 10 establece que solo pueden ser invitados a adherirse países europeos, por lo que la designación peruana no otorgaría la membresía plena.
No obstante, el estatus de aliado “no miembro” abriría valiosas oportunidades de colaboración estratégica. Esto incluiría un acceso facilitado a equipamiento militar, participación en proyectos conjuntos de investigación y desarrollo, elegibilidad para financiamiento de defensa exterior y una tramitación acelerada de licencias de exportación. Además, se potenciaría la participación peruana en licitaciones de mantenimiento de equipos y se consolidaría un esquema de cooperación técnica, logística y financiera más ágil, fortaleciendo así una relación bilateral con Estados Unidos que pronto cumplirá dos siglos.
En segundo término, es esencial enmarcar esta iniciativa dentro del escenario geopolítico actual. A nivel global, la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de Estados Unidos apunta a una “estabilidad estratégica” con Rusia; una competencia “no militar” con China en lo comercial; y un renovado interés en América Latina. La designación del Perú se inscribe en esta última línea, reflejando una clara intención de Washington por recuperar y profundizar su influencia en la región mediante vínculos estrechos con socios clave.
A nivel regional, el contexto está marcado por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Las recientes acciones estadounidenses en el Caribe, justificadas en la lucha contra el narcotráfico, pero cuestionables desde el derecho internacional, buscan legitimidad y apoyo entre aliados latinoamericanos. La designación peruana podría interpretarse como parte de ese esfuerzo por consolidar apoyos regionales que respalden dichas acciones.
A nivel local, el Perú ha fortalecido significativamente sus relaciones económicas con China, su principal socio comercial, con proyectos de gran envergadura como el Puerto Hub de Chancay y una considerable presencia china en sectores estratégicos (como la energía en Lima). Esta dinámica ha motivado que Estados Unidos vuelva su mirada hacia el Perú con ánimo de cooperación, buscando contrarrestar una influencia percibida como potencial amenaza. Paralelamente, el Perú enfrenta desafíos como la producción de coca y la infiltración de cárteles de delincuencia transnacional, lo que incrementa el interés de Washington en una colaboración en seguridad regional.
Por lo expuesto, la designación como aliado “no miembro” de la OTAN le permitirá al Perú modernizar y fortalecer su sector defensa, clave para la lucha contra el crimen organizado transnacional, en el marco de una estrategia de neutralidad activa; pues, lejos de tomar alguna postura, el Perú está equilibrando su posición frente a las grandes potencias del sistema, que se considera inclinada hacia China por significativos sectores de la opinión conservadora nacional.
La designación, además, no es un hecho aislado: Argentina, Brasil y Colombia también han sido reconocidos bajo esta categoría, en un proceso sostenido de modernización de las fuerzas militares en Latinoamérica.
Finalmente, los intereses compartidos se extienden más allá de lo militar. Estados Unidos busca importar minerales críticos del Perú, mientras que su Cuerpo de Ingenieros ya participa en la ampliación del Puerto del Callao. Empresas estadounidenses también han mostrado interés en proyectos como el Puerto de Corío. Por lo tanto, esta potencial designación representa un paso más en una agenda bilateral diversificada, que apunta a reforzar la cooperación en defensa, comercio e infraestructura, siempre dentro de un marco de soberanía y equilibrio estratégico por parte del Perú.

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