La urgencia de corregir

En una de las piezas de oratoria más confusas que recuerde el país, el presidente Vizcarra prorrogó el estado de emergencia hasta el 30 de junio. Casi al concluir, luego de 90 minutos de suspenso y enredos verbales, fue urgido a aclarar que la cuarentena (suspensión absoluta del derecho de reunión y restricción severa del libre tránsito) también continuaba con alguna “flexibilización”.

El detalle de este premio a la vida hogareña se debe conocer en un decreto supremo, qué, según el presidente, se aprobó ayer, pero que hasta esta hora (mediodía del sábado) no se ha publicado. El problema constitucional es que muchas otras libertades se suspenden por esta vía, a veces, sin ninguna racionalidad.

Se adelantó que algunas actividades demonizadas en semanas pasadas como la entrega a domicilio por terceros ahora sí es bienvenida y promovida. Colombia y Argentina nunca prohibieron el sistema. Ahí están los números sanitarios y económicos para comparar el costo del desatino. ¿70 días demoró entender el gobierno que llevar todos los bienes y servicios al hogar o, al menos, al barrio, reduce la congestión y por ende el contagio a la vez que salva empleos? En lugar de promover la organización popular para el despacho y entrega de alimentos, medicamentos y bonos, redujeron las horas y días de atención, obligando a la gente a salir más veces a lugares hacinados. Ese ha sido, tal vez, uno de los peores errores sanitarios. Y todavía no liberan los domingos.

Sin embargo, imponer delivery para todo es también absurdo. Hay actividades que requieren su espacio y herramientas. El dentista a domicilio está muy limitado y es probable que las peluquerías se nieguen a correr el riesgo cuando la variable sanitaria pueden controlarla mejor en sus locales. El problema de fondo es la mezcla del deseo de controlar ciegamente todo mientas que todos presionan por lo suyo. El resultado es irracional e inconsistente y, en algunos casos, inconstitucional.

Lo grave es que el sacrificio de la recesión económica no ha tenido el premio sanitario anhelado. Esta semana un artículo de Financial Times hizo una comparación que ya había adelantado el periodismo de investigación peruano. ¿Cuánta gente murió de enero a abril del 2020 y cuánta, en el mismo periodo, en el 2019? La gente muere siempre, eso no es novedad, pero los grandes incrementos denotan un problema sanitario. La diferencia es, en números gruesos, 9.000 muertes de las cuales 3.000 son las oficiales por Covid-19. ¿Y las otras 6.000? Subregistro y muertes por desatención a otros problemas de salud. Es decir, muertes derivadas directamente de la medida de cuarentena. ¿Cuántas? Nadie lo sabe, pero podrían ser tantas como las causadas por el Covid-19. ¿Fue tan letal el remedio como la enfermedad?

No hay duda de que la cuarentena le ha arrancado vidas al nuevo virus, pero la medida se agota cuando el sistema de salud colapsa sin poder atender a otras enfermedades. A pesar de ello, el presidente anunció que el país había llegado a una meseta de contagio. No se volvió a hablar del tema el viernes. ¿No son las cifras del Financial Times dignas de ser explicadas? Se calcula que el número de casos puede ser 10 a 30 veces mayor que los detectados y que el 80% es completamente asintomático. A estas alturas, en el mismo comité de expertos del Minsa se duda de la necesidad de hacer tests por lo masivo del contagio. Y se manejan números reales de un millón de contagiados, lo cual no elimina la epidemia, pero, reduce la posibilidad de contagio en zonas por donde ya arrasó. ¿Por qué no sincerar la información para corregir lo que aún es posible salvar?

Urge reconocer y corregir. Pero no a paso de tortuga y a la defensiva.