
La Unión Europea (UE) ha actualizado recientemente su lista de jurisdicciones de “alto riesgo” en materia de lavado de activos, una categoría en la que ha incluido a Venezuela. Esta decisión forma parte de un proceso de evaluación técnica que sigue criterios específicos establecidos por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF). En el marco de esta actualización, que afecta a diez países, la UE también excluyó de su lista a varios territorios que figuraban previamente, incluyendo a Panamá y los Emiratos Árabes Unidos.
Venezuela, que ha sido uno de los países más controversiales en este tipo de listas, respondió de manera enérgica. El gobierno venezolano calificó la decisión de la Unión Europea como "ridícula", acusando al bloque europeo de manipular los criterios para justificar sus propias intervenciones económicas y políticas. Este rechazo pone de manifiesto la creciente tensión entre las políticas internacionales sobre el lavado de activos y la postura del régimen venezolano frente a las sanciones internacionales.
El rechazo oficial de Venezuela a su inclusión en la lista de países de alto riesgo no se hizo esperar. A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno venezolano descalificó la decisión de la Unión Europea, llamándola “ridícula”. El comunicado destaca que lo que realmente molesta a la élite europea no es el riesgo de lavado de dinero, sino el hecho de que algunos países del Sur, como Venezuela, ya no se someten a la influencia de potencias occidentales.
En el texto oficial, el gobierno venezolano arremetió contra la administración de la UE, calificándola de una "burocracia anacrónica y desconectada" que no logra controlar los problemas internos de Europa, como los paraísos fiscales que operan dentro de sus propias fronteras. Además, se enfatizó que Venezuela, lejos de ser un territorio de riesgo, ha demostrado estabilidad económica y política, a pesar de los bloqueos y sanciones internacionales. El gobierno aseguró que las instituciones venezolanas “responden al pueblo” y no a intereses financieros o lobbies internacionales.
Este ataque refleja las tensiones políticas entre la UE y Venezuela, donde las sanciones económicas han sido una constante en los últimos años. Para el gobierno de Nicolás Maduro, la decisión de la UE es parte de una campaña internacional para aislar al país, que según su versión de los hechos, se enfrenta a la "doble moral" de los gobiernos occidentales.
La Unión Europea incorporó a diez nuevos países a su lista de jurisdicciones de alto riesgo en la lucha contra el lavado de activos. Esta actualización incluye a Venezuela, que se suma a una serie de naciones que son objeto de una vigilancia más estricta por parte de los organismos internacionales y las entidades financieras europeas. Los nuevos países que figuran en la lista son:
Este movimiento responde a un proceso de evaluación técnica exhaustiva llevado a cabo por la UE, que se basa en una metodología clara para identificar riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La lista actualizada también incluye a países previamente señalados como de alto riesgo debido a sus fallos en la implementación de normativas internacionales contra estos delitos financieros.
Es relevante señalar que esta decisión ha sido tomada en el marco de un esfuerzo conjunto entre la UE y el FATF, el cual supervisa las políticas globales sobre el lavado de dinero. Para la UE, estas medidas son fundamentales para proteger la integridad de su sistema financiero, exigiendo una mayor vigilancia sobre las transacciones provenientes de estas jurisdicciones.
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