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Crisis del gobierno libertario: Javier Milei, la represión avanza

La libertad retrocede en Argentina. ¿Qué ha llevado a los jubilados y a hinchas de fútbol a unirse en protesta en Argentina? ¿Cómo ha respondido el Gobierno de Javier Milei ante estas manifestaciones? ¿Qué papel juegan la represión policial y las críticas internacionales en este contexto de crisis social? En el siguiente reportaje de La República, se explican los detalles detrás de las manifestaciones, los efectos de la represión sobre ancianos y un periodista que se encuentra en situación grave.

Policía argentina siguió órdenes del ministerio dirigido por Patricia Bullrich. Fuente:AFP
Policía argentina siguió órdenes del ministerio dirigido por Patricia Bullrich. Fuente:AFP

La crisis social en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes, lo que refleja la polarización y el descontento que se viven en el país desde la llegada al poder de Javier Milei.

El pasado 12 de marzo se vivió un episodio que dejó a la nación en estado de shock: una manifestación de jubilados que reclamaban por sus derechos se transformó en una violenta represión policial, la cual dejó un saldo trágico con heridos y detenidos.

Esta situación ha puesto en el centro del debate no solo las políticas del nuevo Gobierno, sino también la grave problemática de la represión a la protesta social en un contexto de crisis económica.

Como informa el diario La Nación, cada miércoles, un grupo de jubilados se congrega frente al Congreso argentino para exigir ajustes en sus pensiones y la reposición de la cobertura de medicamentos. Sin embargo, en esta ocasión, la protesta fue respaldada por hinchas de fútbol de más de treinta clubes, quienes se unieron a la causa después de que un veterano del club Chacarita fuera agredido en una manifestación anterior.

Este apoyo masivo evidenció la intersección entre el deporte y la política en un país donde el fútbol es más que una simple pasión: es un elemento cultural profundo que puede movilizar a multitudes.

Bullrich contra el derecho a la protesta

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, interpretó los acontecimientos como un intento de desestabilización del Gobierno. “Fue una marcha organizada por patotas, barrabravas y agrupaciones de izquierda violentas”, declaró, acusando a estos grupos de tener intenciones subversivas.

Sin embargo, muchos analistas y periodistas han cuestionado esta narrativa, señalando que el verdadero origen de la violencia radica en la falta de respuestas adecuadas por parte del Gobierno a las demandas sociales. La acusación de que la protesta fue organizada por elementos violentos ha sido vista como un intento de desviar la atención de los problemas estructurales que enfrenta la población.

La reacción internacional y la condena de la ONU

La protesta del 12 de marzo culminó en disturbios que dejaron aproximadamente 50 heridos y más de un centenar de detenidos, muchos de los cuales fueron liberados horas después. Uno de los casos más impactantes fue el del reportero gráfico Pablo Grillo, quien recibió un proyectil de gas lacrimógeno disparado por las fuerzas de seguridad, lo que lo dejó en estado crítico.

Este hecho ha desatado una ola de indignación y protestas en todo el país, con organizaciones de derechos humanos denunciando el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado. La imagen de un periodista en estado crítico se ha convertido en símbolo de la represión y ha movilizado a la comunidad periodística y a la sociedad en general.

De acuerdo con Página 12, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha denunciado que el impacto del proyectil en la cabeza de Grillo es una consecuencia directa del protocolo antipiquetes, que reintrodujo el uso de armas peligrosas en manifestaciones públicas.

“Las mal llamadas armas menos letales, como las utilizadas en la protesta, matan”, afirman desde el organismo. En este contexto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado al Gobierno de Milei a investigar el accionar policial en la marcha de jubilados.

Jan Jarab, representante del Alto Comisionado para América del Sur, recordó que “la existencia de algunos actos de violencia no justifica el uso de la fuerza contra todos los participantes de una manifestación que ejercen su derecho de reunión pacífica”.

La ONU enfatiza que el uso de la fuerza debe respetar principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas.

La lucha por los DDHH en la Argentina

Diversos analistas coinciden en que han sido los jubilados quienes más han sufrido las consecuencias de las políticas económicas libertarias de llevado adelante por el Gobierno”. El ajuste económico, que se traduce en recortes y pérdida de derechos, ha generado un caldo de cultivo para el descontento social.

Al sumar a las hinchadas de fútbol a la protesta, la manifestación cobró un carácter más explosivo, pero la raíz del conflicto sigue siendo la lucha por la dignidad y el reconocimiento de los derechos de los jubilados.

La violencia generada por la represión policial ha desviado la atención de las demandas legítimas de los jubilados hacia un debate sobre el uso de la fuerza.

El impacto de la represión en la imagen de Javier Milei

Las recientes protestas en Argentina y la respuesta represiva del Gobierno de Javier Milei han puesto en jaque la imagen del presidente, lo que ha generado un intenso debate sobre el rumbo político y social del país.

En medio de una situación económica frágil, con altos índices de inflación y desempleo, la reacción gubernamental ante las manifestaciones ha sido cuestionada tanto a nivel nacional como internacional.

El uso de balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos, entre ellos jubilados y periodistas, ha reavivado el temor a la represión institucionalizada.

La imagen de un reportero gravemente herido ha resonado con fuerza. En un país con una historia marcada por la violencia estatal durante la dictadura militar, estas acciones han generado un paralelismo inquietante que muchos ciudadanos no están dispuestos a ignorar.

Popularidad en caída

El 2025 comenzó con una caída en la aprobación del Gobierno de Milei, que se sitúa en un 45,1%. Factores como el escándalo del Criptogate, considerado una estafa por más del 60% de los ciudadanos y la percepción de que el Gobierno busca ocultar la verdad mediante una investigación interna han erosionado la confianza pública. Además, la búsqueda de nuevos préstamos del FMI ha generado descontento y aviva el temor de que se repitan crisis económicas del pasado.

A esta tendencia negativa de popularidad, se le añade el hecho de que más de 90% de los argentinos rechazan las medidas emprendidas contra los jubilados en el paquetazo de reformas del Gobierno libertario.

Ante eso, la consultora política Zuban Córdova informó que más del 72% de los argentinos considera que la casta a la cual atacó Milei con sus reformas no es la casta política, sino los jubilados y los trabajadores.

Según informes de Página 12, si la economía se estabiliza, el Gobierno de Milei seguirá siendo popular. Si entra en crisis, la inestabilidad política aumentará.

Este equilibrio frágil pone al presidente en una encrucijada: la represión puede generar un efecto boomerang, consolidando la resistencia ciudadana y debilitando su autoridad.

La unión de sectores diversos, desde hinchas de fútbol hasta organizaciones sociales, refleja una sociedad cada vez más movilizada y dispuesta a defender sus derechos. En este contexto, el rol de los medios de comunicación se ha vuelto crucial para visibilizar los abusos y evitar que la narrativa oficial silencie las voces disidentes.

El futuro político de Milei está atado no solo a sus políticas económicas, sino también a su capacidad de gestionar el descontento social sin recurrir a la fuerza. Aunque según Zuban Córdova contaría con un núcleo duro de apoyo, la memoria histórica y el compromiso con la justicia social de los argentinos podrían ser el principal obstáculo para un gobierno que, ante la crisis, parece optar por la represión en lugar del diálogo para atender a sus ciudadanos.

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