
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sufrió una derrota política significativa luego de que el Senado rechazara la nominación de Jorge Messias para el Supremo Tribunal Federal (STF). La votación secreta terminó con 42 votos en contra y 34 a favor, un hecho inédito en más de un siglo que golpea la gobernabilidad en plena antesala de las elecciones generales.
El rechazo evidenció la falta de respaldo en el Congreso y convirtió la designación en un referendo sobre la gestión del mandatario. El propio Messias reconoció el desenlace después de la sesión: “He peleado un buen combate, estoy seguro (…) como todo cristiano necesito aceptar el plan de Dios en mi vida”, declaró a periodistas.
Luego de la moción, el jefe de Estado brasileño mantuvo reuniones con aliados en el Palacio de la Alvorada. Según fuentes del medio Globo, el líder del Partido de los Trabajadores recibió la decisión con calma, aunque esta encendió alertas dentro de su coalición. Un ministro presente en el encuentro afirmó que “no existe ninguna posibilidad de que renuncie a su prerrogativa de nombrar a alguien para el Tribunal Supremo”.
El Ejecutivo ahora examina proponer un nuevo candidato en las próximas semanas. Desde el oficialismo también surgió la opción de impulsar una mujer en el cargo, en un intento por recomponer apoyos políticos. Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos, ya que sectores del Senado, liderados por Davi Alcolumbre, postergarían cualquier nueva nominación hasta después de los comicios.
El senador oficialista Randolfe Rodrigues atribuyó lo sucedido a la coyuntura. “La derrota tiene que ver con la circunstancia de la política y una votación presionada por el proceso electoral”, explicó ante la prensa.
Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, interpretó la decisión como una señal de debilidad del Ejecutivo. “El gobierno de Lula se acabó, no tiene gobernabilidad ni el respeto de nadie”, sostuvo al conocerse el resultado.
La negativa, asimismo, se vincula al papel del STF, que condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Durante el debate, varios legisladores cuestionaron al tribunal y pidieron reformas profundas. El senador Rogério Marinho resumió esa postura: “Nada personal contra él, sino con lo que representa en este momento”.
La disputa por el control político del máximo tribunal se cruza con la campaña electoral. Las encuestas muestran un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro, lo que aumenta la presión sobre cada decisión institucional.
En paralelo, el Parlamento brasileño estudia el veto presidencial a un proyecto de ley que reduce las penas de condenados por actos contra el orden democrático, incluidos los implicados en los hechos del 8 de enero del 2023. Para revertir el dictamen de Lula, se requieren 257 votos en la Cámara de Diputados y 41 en el Senado.
La iniciativa permitiría recortes de hasta dos tercios en las condenas y facilitaría cambios en el régimen penitenciario. El ponente Paulinho da Força estimó que, de aprobarse, algunos procesados podrían cumplir poco más de dos años de prisión.





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