
Estados Unidos lanzó una serie de ataques militares contra embarcaciones venezolanas en el mar Caribe, al alegar que estas transportaban narcóticos. El primero de estos incidentes ocurrió el 2 de septiembre, cuando la Armada estadounidense hundió una lancha rápida que, según EE. UU., operaba para el grupo criminal 'Tren de Aragua'. Ese ataque dejó once personas muertas. Posteriormente, se anunciaron al menos otros tres ataques similares, que resultaron en la destrucción de embarcaciones adicionales en el Caribe y en la muerte de más personas.
Estos actos han estado acompañados por un notable incremento del despliegue militar de Estados Unidos en la región. Venezuela denunció que algunas de estas operaciones vulneraron su soberanía, en particular dentro de su Zona Económica Exclusiva. Entre ellas, se incluye el abordaje de un buque atunero por parte del destructor estadounidense USS Jason Dunham (DDG-109), acción que, según Caracas, fue hostil. El gobierno venezolano respondió con ejercicios militares, entre ellos la maniobra denominada 'Caribe soberano 200'.
Cabe indicar que Estados Unidos ha designado al 'Cártel de los Soles' como organización terrorista global (SDGT), al señalar que opera bajo el liderazgo de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, acusados de utilizar instituciones del Estado para facilitar el narcotráfico hacia Norteamérica. Esta decisión habilita acciones de seguridad más agresivas contra redes y embarcaciones vinculadas al cartel, y profundiza el aislamiento diplomático del gobierno venezolano, al reforzar la narrativa estadounidense.
Los ataques realizados en el Caribe han recibido múltiples críticas debido al peligro que generan en medio de las tensiones con Venezuela y la latente posibilidad de una respuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro. Tras el primer ataque estadounidense, Luke Moffett, profesor de la Queens University de Belfast y experto en reparaciones, derechos humanos y derecho internacional humanitario, declaró a BBC Verify que "se puede utilizar la fuerza para detener una embarcación, pero generalmente deben emplearse medidas no letales".
Además, el especialista advirtió que los movimientos de este tipo deben ser “razonables y justificados como necesarios en defensa propia, cuando existe una amenaza inminente de lesiones graves o pérdida de vida”, y señaló que las acciones de Estados Unidos probablemente eran “ilegales bajo el derecho del mar”.
Cabe indicar que, respecto a este primer ataque, en declaraciones para La República, el periodista venezolano Jesús Torrealba indicó que la percepción que existe en Venezuela está muy lejos de considerar que se trata de una intervención contra "11 capos del narcotráfico, sino a 11 humildes venezolanos que no tenían otra oportunidad, ni la posibilidad de escoger otro tipo de vida, que fueron abandonados por el Estado venezolano y dejados en manos del poder del narco. Esa es la percepción que hay".
Por su parte, también en declaraciones para la BBC Verify, Mary Ellen O'Connell, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, calificó el ataque estadounidense como una violación a los "principios fundamentales del derecho internacional". "El asesinato intencional fuera de las hostilidades de un conflicto armado es ilegal a menos que sea para salvar una vida de inmediato", dijo la experta.
El principio de prohibición del uso de la fuerza establecido en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas admite excepciones, como la legítima defensa en caso de amenaza real. Bajo este argumento, Estados Unidos podría justificar que sus acciones en el Caribe responden a la necesidad de proteger su seguridad nacional frente a embarcaciones vinculadas a grupos señalados como terroristas, como el 'Tren de Aragua', al que ha atribuido actividades de narcotráfico y violencia organizada.
Sin embargo, especialistas advierten que la calificación de los objetivos no basta para legitimar el empleo de la fuerza. "El hecho de que los funcionarios estadounidenses describan a los individuos que murieron en el ataque estadounidense como narcoterroristas no los transforma en objetivos militares legales", explicó a la BBC Michael Becker, profesor del Trinity College de Dublín. Según el experto, los ataques podrían contravenir el derecho internacional si no cumplen con los criterios de inmediatez y proporcionalidad que exige la legítima defensa.

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