
El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió este viernes que la reciente decisión del juez federal Brian Murphy podría comprometer las relaciones diplomáticas de Estados Unidos. El magistrado de Massachusetts dictó una orden que impide a la administración de Donald Trump enviar aviones con inmigrantes deportados hacia Sudán del Sur. Según Rubio, esta medida ocasiona "un daño irreparable a la política exterior" del país.
Murphy ordenó detener un vuelo con destino a Sudán del Sur, debido a que los inmigrantes detenidos no recibieron el tiempo necesario para impugnar su traslado a un tercer país, conforme a una orden previa emitida en abril.
Donald Trump trabajó en conjunto con Ron DeSantis para una redada del ICE a inmigrantes.
Según informó Fox News, Marco Rubio manifestó que la orden judicial genera un "daño significativo e irreparable" en la política exterior estadounidense. El secretario de Estado añadió que esta medida ya ha interferido con la diplomacia en naciones como Libia, Sudán del Sur y Yibuti, y representa una amenaza directa a la autoridad del Artículo II de la Constitución, que otorga al presidente la facultad para conducir la política exterior.
"Este Departamento de Justicia cree que esta situación requiere urgentemente una intervención judicial para restaurar la plena autoridad del Presidente Trump bajo el Artículo II para conducir la política exterior", aseguró un funcionario del gobierno de Trump. Además, recordaron que Yibuti, donde actualmente están detenidos temporalmente los inmigrantes deportados, es la única base militar estadounidense en África.
La orden que bloquea las deportaciones fue emitida por el juez federal Brian Murphy, del distrito de Massachusetts. De acuerdo con el fallo, el gobierno debe mantener bajo custodia a los inmigrantes deportados para garantizar un posible retorno si el tribunal determina que las expulsiones fueron ilegales.
Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó documentos solicitando la reconsideración de la orden, calificándola de “altamente onerosa” y restrictiva. El gobierno indicó que las personas deportadas habían tenido acceso a un proceso legal completo antes de ser expulsadas y que algunos delincuentes no respetaron las disposiciones para impugnar su traslado a Sudán del Sur.
Sudán del Sur enfrenta una escalada de violencia que amenaza con sumir al país nuevamente en una guerra civil. Desde mayo de 2025, se han intensificado los enfrentamientos entre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en Oposición (SPLA-IO), especialmente en las regiones de Fangak y Tonga.
Estos combates han resultado en al menos 75 civiles muertos y miles de desplazados. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a ambas partes a reducir las tensiones para evitar un mayor deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos en el país.

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