Alerta: Trump enfrenta orden judicial por deportar inmigrantes a Sudán del Sur

La administración del presidente Donald Trump ha sido señalada por desobedecer una orden judicial al llevar a cabo la deportación de ocho inmigrantes , entre ellos, dos ciudadanos cubanos y uno mexicano hacia Sudán del Sur, una nación sumida en conflicto armado. El juez federal Brian Murphy, con sede en Massachusetts, declaró durante una audiencia de emergencia que dicha expulsión contradecía directamente una resolución anterior que prohibía trasladar a inmigrantes a terceros países sin antes permitirles presentar su defensa.

El juez subrayó que los inmigrantes no contaron con una oportunidad real de oponerse a su deportación, lo que pone en entredicho la legalidad del procedimiento. Como respuesta, ordenó al gobierno garantizar que estas personas permanezcan bajo custodia y que puedan ser retornadas a territorio estadounidense si el tribunal determina que las expulsiones se realizaron de forma indebida.

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¿Quiénes fueron los inmigrantes expulsados a Sudán del Sur?

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes presentaron un recurso urgente ante una corte federal en Massachusetts al conocer que varios de sus representados serían trasladados a Sudán del Sur. En respuesta, el juez Brian Murphy ordenó al gobierno conservar la custodia de los deportados y asegurar su posible retorno a Estados Unidos si se determina que las expulsiones violaron la ley. Este episodio refleja el aumento de los conflictos entre el sistema judicial y la administración Trump, cuyas políticas migratorias han sido cuestionadas por vulnerar garantías procesales básicas.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que los inmigrantes expulsados, originarios de naciones como Cuba, México, Laos, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur, cuentan con antecedentes criminales severos, lo que habría limitado las opciones para su reubicación en otros países. Aunque las autoridades reconocieron que el vuelo partió desde Texas, decidieron no revelar públicamente el destino final, alegando motivos de seguridad. No obstante, distintos sectores han expresado preocupación, señalando que este tipo de decisiones podría estar llevando al país a una crisis institucional, al ignorarse los marcos legales que regulan las deportaciones.

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Gobierno de Trump acelera deportaciones con acuerdos secretos

En su intento por acelerar las deportaciones, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a firmar acuerdos discretos con otros países para reubicar a inmigrantes expulsados. Uno de los casos más preocupantes se dio en marzo, cuando más de 200 personas, en su mayoría de origen venezolano, fueron enviadas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Desde su llegada, permanecen completamente aisladas, sin posibilidad de hablar con sus familias ni recibir asistencia legal.

Esta acción se enmarca en un convenio pactado entre Donald Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyo contenido exacto no ha sido revelado al público. Según se ha conocido, El Salvador aceptó recibir a los inmigrantes por un periodo inicial de un año, a cambio de US$ 6 millones. Organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación por las condiciones de reclusión y la falta de garantías básicas, señalando que estas personas están siendo tratadas como moneda de cambio en acuerdos políticos opacos.