
Durante la gestión de Gavin Newsom en California, se aprobó la Propuesta 36, una medida que endurece las penas por delitos menores como el hurto y la posesión de drogas. Esta iniciativa, respaldada por la mayoría de los votantes en las elecciones de noviembre, representa un cambio importante frente a las políticas penales más flexibles que se habían impulsado en 2014 con la Propuesta 47.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes señalan que esta nueva ley podría afectar gravemente a personas con Green Card o con estatus legal temporal. Al convertir ciertos delitos menores en delitos graves, miles de inmigrantes quedarían expuestos a una posible deportación automática.
Con la entrada en vigor de la Propuesta 36, varios delitos que antes no afectaban el estatus migratorio ahora pueden tener consecuencias graves. Foto: composición LR
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La Propuesta 36, promulgada durante la gestión de Gavin Newsom, representa un retroceso importante en las reformas penales de California. Esta ley permite que delitos menores, como la posesión simple de drogas o el hurto menor, pasen a considerarse delitos graves.
Con ese cambio, cualquier inmigrante acusado de estas faltas podría perder la Green Card o quedar sin acceso a un alivio migratorio. Además, la propuesta crea una nueva figura legal: el "delito grave con tratamiento obligatorio".
Quienes aceptan los cargos pueden acceder a un tratamiento en lugar de cumplir una condena en prisión. Sin embargo, si no logran completar el programa, enfrentan una pena de hasta tres años de cárcel, una sentencia que, en el caso de muchos inmigrantes, podría significar una deportación permanente.
Con la entrada en vigor de la Propuesta 36, varios delitos que antes no afectaban el estatus migratorio ahora pueden tener consecuencias graves. Entre ellos se incluyen:
La ley dispone que cualquier condena vinculada a estos delitos puede resultar en la expulsión inmediata del país, sin posibilidad de presentar una defensa migratoria. De acuerdo con el artículo PC 395, incluso un solo antecedente penal puede impedir el acceso a la Green Card o a procesos de regularización migratoria.

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