
Según un informe de CNN, un grupo de 20 fiscales generales de varios estados demandó a la administración de Donald Trump por el mal manejo de los fondos federales destinados a la aplicación de las leyes migratorias. Estos recursos, que deberían haberse usado en la detención y deportación de inmigrantes, no fueron invertidos en áreas esenciales como infraestructura, salud y educación.
En conferencia de prensa, los fiscales, encabezados por Rob Bonta, fiscal general de California, se refirió a esta situación. “El presidente Trump no tiene la autoridad para coaccionar ilegalmente a los gobiernos estatales y locales a usar sus recursos para la aplicación de la ley de inmigración federal y su último intento de intimidarlos para que lo hagan es flagrantemente ilegal”, sostuvo.
Todd Lyons, funcionario de ICE, reveló que 9 inmigrantes fallecieron durante el segundo mandato de Donald Trump.
La coalición de fiscales estatales, que incluye a algunas de las principales jurisdicciones en EEUU, rechazó directamente la política de Donald Trump de condicionar a sus estados de aplicar la ley migratoria con fondos destinados a otras medidas de mayor urgencia. De acuerdo con CNN, los demandantes afirman que la administración está aplicando condiciones que no tienen relación con los fines de las subvenciones, como el mantenimiento de infraestructura clave o la seguridad nacional.
Rob Bonta afirmó que "el presidente amenaza con quitar dinero destinado a mejorar nuestras carreteras, asegurar el funcionamiento de nuestros aviones, prepararnos para emergencias y protegernos del terrorismo si los estados no cumplen con sus exigencias". Añadió que "está usando estos fondos, que no tienen relación con la aplicación de la ley de inmigración y sí con la seguridad de nuestras comunidades, como una herramienta de negociación".
El conjunto de fiscales asegura que se está utilizando fondos de manera coercitiva. Es decir, se busca obligar a los estados a involucrarse en la aplicación de políticas migratorias que, en muchos casos, van en contra de los intereses y valores de esas jurisdicciones, especialmente en las llamadas ciudades santuario, que se oponen a la cooperación con la ley migratoria federal.
La coalición que presentó la demanda contra la administración de Trump está formada por 20 estados:
Las ciudades santuario en Estados Unidos son lugares que han implementado normas para reducir su colaboración con las autoridades federales de inmigración. El propósito es proteger a los inmigrantes indocumentados y fortalecer la confianza entre las comunidades migrantes y la policía local.
Estas políticas incluyen no cumplir con las órdenes de detención del ICE sin una orden judicial y prohibir que los funcionarios locales pregunten sobre el estatus migratorio de las personas, a menos que estén involucradas en delitos graves. Según un informe de El País, más de 560 ciudades y condados, así como algunos estados como California y Nueva York, han adoptado este enfoque para mejorar la seguridad pública y permitir que los inmigrantes denuncien delitos sin temor a ser deportados.
Estados santuario:
Ciudades santuario:
Estados como California, Nueva York, Illinois y Oregón son ampliamente reconocidos por sus políticas inclusivas y de protección hacia los inmigrantes. Estos estados han implementado leyes que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, estableciendo así un entorno más seguro para las comunidades migrantes. Además, ofrecen acceso a servicios esenciales como salud, educación y asistencia legal, independientemente del estatus migratorio de las personas.
Por otro lado, estados como Texas, Florida y Iowa han adoptado leyes más estrictas que intensifican la colaboración con las autoridades federales en materia de inmigración, lo que puede generar un ambiente menos favorable para los inmigrantes.
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