
El Gobierno de Bolivia, liderado por el presidente Luis Arce, desató una nueva tormenta judicial al denunciar formalmente a la jueza Lilian Moreno. La magistrada anuló la orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien enfrenta una grave acusación por presunta trata de personas. La respuesta del Ejecutivo ha sido inmediata: acciones penales y disciplinarias contra la jueza por presuntamente incumplir una decisión superior del juez Franz Zavaleta de La Paz.
El entorno de Evo Morales acusa al Gobierno de estar llevando a cabo una persecución en su contra, mientras que desde el oficialismo aseguran que las instituciones actúan dentro del marco legal. En medio de esta disputa, la figura del exmandatario, que aún cuenta con un sólido respaldo en Cochabamba, regresa al centro del debate político y judicial, reavivando tensiones que parecían haber quedado atrás.
La jueza Lilian Moreno, radicada en Cochabamba, revocó la orden de aprehensión contra Evo Morales, argumentando que el caso debía tratarse en esa jurisdicción y no en Tarija, donde se había emitido la medida. Esta acción provocó una fuerte reacción del Ministerio de Justicia, que la denunció por los delitos de prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales.
Según el ministro César Siles, Moreno "contravino un fallo vinculante emitido por el juez Franz Zavaleta de La Paz", el cual suspendía todas las resoluciones que beneficiaban al exmandatario. "No acató la orden y actuó al margen de la legalidad. Por eso presentamos las denuncias correspondientes", indicó Siles. La denuncia a Evo Morales por presunta trata de personas, presentada en 2023, continúa abierta y fue ratificada por instancias judiciales en Tarija.
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El juez Franz Zavaleta de La Paz fue una figura importante en el mantenimiento de la orden de captura contra Evo Morales. Fue él quien resolvió que el fallo de la jueza Moreno debía quedar sin efecto, al considerar que solo un tribunal jerárquico podía revisar esa medida. Esta resolución reafirmó la vigencia de la orden de aprehensión contra Morales y respaldó la competencia de la jurisdicción de Tarija en el caso.
Zavaleta argumentó en su dictamen que "no se puede permitir que decisiones contrarias al debido proceso debiliten el sistema judicial del país". Su postura ha sido respaldada por el Ejecutivo, que considera su fallo como un baluarte frente a posibles interferencias políticas o irregulares en el proceso. La ratificación del juez refuerza la idea de que Morales debe responder ante la justicia boliviana por las acusaciones que pesan sobre él.
El expresidente Evo Morales no guardó silencio ante esta nueva ofensiva legal. A través de sus redes sociales, acusó al juez Zavaleta de tener "nefastos antecedentes" y lo relacionó con el Gobierno de Luis Arce. "Lo que estamos presenciando es una manipulación judicial al servicio del poder político", escribió. Su abogado, Wilfredo Chávez, sostuvo que la decisión de la jueza Moreno era legítima y que su anulación crea un "caos jurídico".
Desde su bastión en Cochabamba, Morales reiteró que es víctima de una persecución sistemática que busca eliminar su participación en la política nacional. Sin embargo, las autoridades insisten en que se trata de un proceso legítimo por una denuncia grave. El ministro Eduardo del Castillo informó que se activó un operativo de localización para ejecutar la orden de captura vigente.

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