
Las tensiones entre los gobiernos estatales y federales en Estados Unidos vuelven a quedar en evidencia con el reciente veto de la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, a un proyecto de ley que buscaba reforzar la colaboración obligatoria con las autoridades de inmigración.
La propuesta, impulsada por legisladores republicanos afines a las políticas migratorias de Donald Trump, buscaba obligar a las agencias estatales y locales a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a inmigrantes indocumentados.
Esta decisión supone un golpe político para los aliados de Trump, que consideran este tipo de leyes una pieza fundamental para agilizar las deportaciones masivas prometidas por el presidente.
Este veto representa un duro golpe para Donald Trump, ya que la decisión de impedir la cooperación obligatoria con ICE brinda un respiro temporal a numerosos inmigrantes indocumentados en Arizona. Foto: composición LR
La gobernadora Katie Hobbs vetó un proyecto de ley respaldado por la mayoría republicana en la legislatura estatal, que proponía imponer medidas obligatorias para alinear a Arizona con las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto de ley era la obligación de que las prisiones estatales y las cárceles del condado suscribieran acuerdos con el gobierno federal para albergar temporalmente a personas con órdenes de detención migratoria.
Además, la propuesta establecía que las agencias locales debían cumplir sin excepción con las órdenes de detención de ICE y notificar a los jueces cuando el detenido tuviera un proceso migratorio pendiente.
Incluso se planteaba que el fiscal general de Arizona estuviera facultado para investigar e interponer demandas contra las agencias que no cumplieran con estas normas.
Katie Hobbs afirmó que su administración seguirá colaborando con el gobierno federal en temas de seguridad fronteriza, pero sin ceder la autonomía del estado ni comprometer los recursos locales en responsabilidades que no le corresponden.
No es la primera vez que la gobernadora rechaza iniciativas similares: hace más de un año vetó otro proyecto que intentaba criminalizar la entrada irregular al estado por fuera de los puertos oficiales.
A pesar del veto, los legisladores republicanos consiguieron incluir una medida parecida en la boleta electoral de noviembre de 2024, y los votantes terminaron por aprobarla.
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Este veto representa un duro golpe para Donald Trump, ya que la decisión de impedir la cooperación obligatoria con ICE brinda un respiro temporal a numerosos inmigrantes indocumentados en Arizona.
Dado que esta ley aún no ha sido implementada, las autoridades estatales no están obligadas a mantener bajo custodia a personas con órdenes de detención migratoria, lo que reduce la probabilidad de que sean transferidas de inmediato al gobierno federal una vez que hayan cumplido una condena o sean arrestadas.
No obstante, la preocupación sobre la implementación de políticas migratorias más estrictas persiste, especialmente en el marco de la campaña presidencial de Trump y el respaldo de sectores conservadores que continúan promoviendo una postura más severa hacia la inmigración irregular.

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