Varios miles de personas se manifestaron el jueves en España convocadas por los principales sindicatos para denunciar la falta de avances en las negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral, que el Gobierno se comprometió a disminuir de 40 a 37,5 horas semanales.
Los manifestantes, convocados por UGT y Comisiones Obreras (CCOO), se concentraron en varias ciudades ante las sedes de las patronales CEOE y Cepyme, acusadas de "bloquear" las discusiones sobre esta promesa clave del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.
"La CEOE está siguiendo una estrategia dilatoria porque creen que quizás un no acuerdo podría impedir la aprobación de la rebaja de la jornada laboral", denunció en radio pública RNE el secretario general de CCOO, Unai Sordo.
"Preferimos un acuerdo tripartito" entre Gobierno, sindicatos y patronal, pero "si la CEOE sigue en este bloqueo pediremos al Gobierno que mueva ficha legislativa", añadió.
A este mensaje se sumó el líder de UGT, Pepe Álvarez, para quien "no hay motivo" para oponerse a la reducción de la jornada laboral. "La empresa no es más productiva por tener jornadas más largas, lo contrario", argumentó, en la red social X.
El Ejecutivo de Sánchez inició a principios de enero las negociaciones con los agentes sociales sobre esta medida, prevista en el acuerdo de Gobierno alcanzado entre los socialistas y la formación radical de izquierdas Sumar, y que beneficiaría a 12 millones de trabajadores.
Sin embargo, las discusiones se han estancado desde entonces, ya que los empresarios se oponen a una reducción uniforme de la jornada laboral, dado que los distintos sectores de actividad se enfrentan a realidades económicas diferentes.
"Pensamos que esto es malo para España", afirmó el martes el máximo responsable de la CEOE, Antonio Garamendi.
El plan presentado por el Gobierno prevé una reducción de la jornada laboral en dos etapas, con un paso a 38,5 horas en 2024 y luego a 37,5 horas en 2025. Según el Ejecutivo, esto debe hacerse sin pérdida de salario.
Rechazada por la patronal, esta medida se topa también con las reticencias de varios de los partidos que apoyan al Gobierno de Sánchez, entre ellos el independentista Junts per Catalunya (JxCat), reputado cercano al mundo empresarial, lo que hace muy incierta su aprobación en el Parlamento.
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