Los restos del ambientalista Juan López, que estaba en la recta final en su lucha para cerrar una mina a cielo abierto en Honduras, serán sepultados este lunes, dos días después de ser asesinado.
Una multitud acompañó a la familia de López, de 46 años, en una funeraria del municipio de Tocoa, unos 220 km al noreste de Tegucigalpa y donde sicarios le dispararon al salir de un templo católico el sábado.
La misa fúnebre se realizará en la iglesia de San Isidro, frente a la plaza de Tocoa, y luego los restos del activista serán sepultados en el Cementerio Municipal Nuevo.
El crimen evocó el caso de la reconocida ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016 en Honduras, uno de los países más letales para los activistas por el medioambiente en el mundo, detrás de Colombia, Brasil y México, según la ONG Global Witness.
La presidenta hondureña, Xiomara Castro, exigió "la mayor capacidad y atención" a las autoridades "para que de manera inmediata se aclare el terrible crimen".
López, que dejó a su esposa y dos hijas menores de edad, era un férreo opositor a la explotación minera a cielo abierto por la compañía Los Pinares y denunció daños en la reserva forestal Botaderos, cerca de Tocoa.
"Este es un crimen político", sentenció en una misa de cuerpo presente el sacerdote jefe de los jesuitas en Honduras, Ismael Moreno.
"El crimen político busca paralizar el pueblo", alertó y preguntó a los presentes si aceptaban "quedarse con el miedo" y la multitud respondió que "no". "Juan López vive, la lucha sigue y sigue", corearon.
El jefe de investigación criminal de la policía, comisionado Eduardo Turcios, prometió que se harán esfuerzos para "esclarecer el asesinato" perpetrado por "sicarios expertos" y aclaró que "no hay detenidos" por el momento.
"Pensamos que hubo una planificación previa para poder haber realizado esta ejecución de la manera que la hicieron", dijo el jefe policial.
La abogada Rita Romero, del comité que integraba López, explicó a la AFP que la lucha contra la minera está llegando a su fin.
"Los Pinares se tiene que retirar (...), hay un decreto que prohíbe que se les dé otro nuevo contrato de concesión en la zona protegida (...), el contrato de concesión se venció en enero" pasado, sentenció.
La representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel Albaladejo, instó a investigar el crimen "considerando" las "posibles represalias" contra López "por sus denuncias contra el alcalde [de Tocoa] Adán Fúnez, a quien pidió su renuncia por presuntos vínculos con el crimen organizado".
El ambientalista había pedido la dimisión de Fúnez, miembro del partido oficialista Libre, luego de que este apareciera en un video, divulgado el 3 de septiembre, negociando sobornos con narcotraficantes en 2013, desatando un escándalo en el país.
En la grabación aparecía también Carlos Zelaya, hermano del derrocado expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la presidenta Castro.
Tras reconocer que participó del encuentro, Carlos Zelaya renunció a su curul como diputado y como secretario del Congreso.
López era también concejal de la alcaldía de Tocoa por Libre.
La abogada Romero aseveró que "hablar de la minera es hablar del alcalde, hablamos de un matrimonio, la minera pudo llegar hasta donde pudo llegar por su protección de parte del gobierno local".
Respecto al alcalde, el comisionado Turcios afirmó que "van a ser investigadas todas las personas mencionadas" por diferentes medios, redes sociales y denuncias directas.
El ambientalista contaba con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre de 2023.
En noviembre de 2021, López habló en una entrevista con la AFP sobre los riesgos que corren los ambientalistas en Honduras: "Cuando uno se mete en este país a defender los bienes comunes [...] entra en choque con los grandes intereses", dijo.
"Si uno sale de su casa siempre tiene en mente que no sabe que le puede pasar y si puede volver a su casa, y si puede volver a ver a la familia", afirmó López entonces.
También contó que una vez alguien le advirtió que le pasaría lo mismo que a Cáceres, asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el oeste del país.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, cofundado por Cáceres, señaló que las autoridades hondureñas "son responsables de este nuevo asesinato por no garantizar la vida de Juan".