Chile: 20 años de cárcel para militares represores
Castigo. Corte Suprema sentencia a cuatro militares que detuvieron y quemaron vivos a jóvenes manifestantes durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La Justicia chilena dictó este sábado la sentencia definitiva a 20 años de cárcel contra cuatro militares retirados por quemar vivos a dos jóvenes en 1986, en uno de los episodios más atroces de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), conocido como caso Quemados.
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema rechazó todos los recursos de casación interpuestos por la defensa de los inculpados, desechando la aplicación de atenuantes esgrimidas como la media prescripción y la obediencia debida.
De esta forma, la corte condenó a los militares Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Nelson Medina Gálvez y Pedro Fernández Dittus a 20 años de cárcel por ser los autores de homicidio calificado en el caso de Rodrigo Rojas Denegri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana.
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El máximo tribunal chileno determinó rebajar las penas a los otros seis militares en una “radical distinción”, ya que se trata de personal subalterno.
Bárbaro crimen
Las víctimas fueron detenidas por una patrulla militar el 2 de julio de 1986 durante una jornada de protesta contra la dictadura militar y posteriormente golpeados, rociados con gasolina y quemados vivos. Los condenados arrojaron a las víctimas a una zanja junto a un camino rural, a las afueras de Santiago, en la comuna de Quilicura.
Rojas murió horas después, pero Quintana, de solo 17 años, logró salvarse pese a las graves quemaduras y heridas.
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El caso Quemados, uno de los más icónicos, motivó protestas contra la dictadura a nivel nacional y en el extranjero, principalmente en EE. UU., donde vivía el fotógrafo asesinado.
‘Caravana de la Muerte’
En otro caso de las causas que se siguen contra la dictadura de Augusto Pinochet, el jueves 28 de diciembre del año pasado, la Justicia chilena determinó la complicidad del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre Espinoza en 15 homicidios calificados ocurridos en 1973, específicamente en la operación conocida como ‘Caravana de la Muerte’.
Particularmente, la Corte Suprema determinó que se incurrió en error al calificar la participación atribuida al condenado Cheyre Espinoza como encubridor de los homicidios, estableciéndola en la complicidad y condenando al exmilitar a cinco años de presidio. Sin embargo, Cheyre cumplirá una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva considerando su “irreprochable conducta anterior”.
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Se le impusieron también las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa.
Cheyre ha sido procesado además por malversación de fondos públicos en el marco de una investigación por fraude en la institución castrense.
En la misma sentencia, el máximo tribunal chileno resolvió elevar las penas de nueve militares en retiro por el homicidio calificado de los 15 opositores, todos fusilados el 16 de octubre de 1973 y siendo incluso algunos de ellos rematados con un tiro de gracia, según estableció la investigación judicial.
En búsqueda de los desaparecidos
La dictadura en Chile duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos, desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.
El Gobierno del actual presidente Gabriel Boric autorizó una política de búsqueda de víctimas de desaparición forzada en el régimen pinochetista, que busca esclarecer el destino de los desaparecidos, que se calculan en torno a las 1.469 personas, de las que solo se han encontrado 307.enclave. Colonia Dignidad, campo de torturas y detención durante la dictadura chilena, distante 380 km al sur de Santiago de Chile.