Un hombre que fue condenado a muerte vomitó y convulsionó durante su ejecución el último jueves 28 de octubre en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, en donde los verdugos usaron un cóctel letal sospechoso de causar un sufrimiento atroz a los reos. John Grant, un afroestadounidense de 60 años, fue condenado a muerte en 2000 por el asesinato de una empleada de prisión.
Tras haber recibido luz verde de la Corte Suprema de Estados Unidos, las autoridades penitenciarias del estado rural y conservador del sur le inyectaron tres substancias y su muerte fue confirmada a las 16.21 horas (21.21 GMT).
El protocolo había sido aplicado en 2014 y 2015, pero los aparentes sufrimientos de los condenados condujeron al estado a declarar una moratoria de las ejecuciones.
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Grant “comenzó a convulsionar poco después de la inyección del primer producto”, declaró un periodista de la agencia estadounidense AP que asistió a la ejecución. Convulsionó unas 20 veces y vomitó en varias ocasiones antes de morir, agregó.
“Fui testigo de 14 ejecuciones; nunca había visto esto”, señaló el comunicador.
El calvario de Grant suscitó inmediatamente fuertes críticas. “Oklahoma saboteó sus tres últimos intentos de ejecución antes de su pausa de seis años, pero aparentemente no sacó ninguna lección de esta experiencia”, comentó a la AFP Robert Dunham, quien dirige el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, en inglés).
“Por tercera vez consecutiva no funcionó correctamente el protocolo de ejecución de Oklahoma”, insistió Dale Baich, abogado de varios condenados a muerte, incluido Grant.
“Ya no deberían haber ejecuciones en Oklahoma antes de que inicie en febrero el proceso” que tratará este punto preciso, agregó.
Pero los servicios carcelarios de Oklahoma dijeron la noche del jueves que la ejecución se llevó a cabo como estaba planeada.
“La ejecución del prisionero Grant fue realizada respetando los protocolos de los servicios penitenciarios de Oklahoma y sin complicaciones”, defendió en un comunicado Justin Wolf, director de comunicación del departamento correccional del estado.
Ese despacho había afirmado hace unos días que el protocolo era “humano y eficaz” y que las ejecuciones podían reiniciar. Pero Baich consideró que había serias dudas sobre el dolor causado por el cóctel letal y su conformidad con la Constitución estadounidense, que prohíbe las penas crueles e inusuales.
El miércoles, un tribunal de apelación falló a su favor y suspendió la ejecución, pero las autoridades de Oklahoma apelaron inmediatamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos para pedirle revertir la decisión.
Sin explicar las razones, la Corte dio in extremis luz verde a la ejecución. Sus tres jueces del ala progresista dijeron no estar de acuerdo con la mayoría conservadora.aFrancia desea impulsar el combate de abolición mundial de la pena de muerte
El protocolo combina un sedante (midazolam) y un anestésico que deberían impedir el dolor antes de la inyección de la dosis letal de cloruro de potasio. Fue usado en 2014 para ejecutar a Clayton Lockett, pero el condenado agonizó durante 43 minutos en aparente sufrimiento.
Tras ese y otros fallos, un gran jurado abrió una investigación y las autoridades aceptaron suspender la aplicación de la pena de muerte.
En 2020 finalizaron un nuevo protocolo y fijaron para 2021 varias ejecuciones, empezando por la de Grant, quien en 1998 asesinó con un destornillador a una mujer que trabajaba en la cafetería de la cárcel en donde purgaba una pena por asalto a mano armada.
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el sábado su deseo de relanzar el combate para la abolición universal de la pena de muerte a través de un “encuentro de alto nivel” para convencer a los dirigentes de países que aún la aplican de la necesidad de abandonarla.
“Francia va a relanzar el combate para la abolición universal”, dijo el mandatario, tras el cumplimiento de 40 años de la abolición de la pena capital francesa.
Junto a él, Robert Badinter, exministro de Justicia que sometió a voto su abolición en 1981, afirmó que “la pena de muerte está destinada a desaparecer en el mundo porque es una vergüenza para la humanidad”.
El jueves 14 de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la segunda ejecución federal de un reo en una semana. Es el caso de Wesley Ira Purkey, quien murió en esa mañana por una inyección letal en el complejo correccional federal de Terre haute, situado en Indiana.
Como se recuerda, EE.UU. volvió a retomar las ejecuciones federales desde el 13 de julio, luego de 17 años sin llevarse a cabo, según información del Departamento de Justicia.
El ejecutado fue condenado por el secuestro y asesinato de Jennifer Long, una joven de 16 años de edad. Tras matarla, según las pericias policiales, la descuartizó, incineró y arrojó a un pozo ciego.