El pleno de la Cámara de Diputados de Brasil enterró este martes 10 de agosto por mayoría la propuesta apadrinada por el presidente Jair Bolsonaro para cambiar el sistema de voto electrónico, a raíz de la cual se ha desatado un grave conflicto institucional.
Por 229 votos a favor —de los 308 necesarios—, 218 en contra y una abstención, los diputados brasileños rechazaron incluir una enmienda en la Constitución para adoptar un sistema mixto de votación en las elecciones con urnas electrónicas y papeletas, como exigía el mandatario ultraderechista.
Bolsonaro ha llegado a amenazar con no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, si no se adoptaba como complemento el voto impreso, pues está convencido de que las urnas electrónicas, vigentes en el país desde 1996, fomentan “fraudes”, aunque no ha aportado prueba alguna al respecto.
La decisión de la Cámara Baja es una dura derrota para el presidente y archiva por completo la iniciativa, que necesitaba el respaldo de al menos tres quintas partes del pleno (308 de los 513 diputados) para pasar a trámite en el Senado.
“El resultado no alcanzó el quórum para su aprobación, será archivado y ese asunto está este año cerrado. No hay tiempo ni espacio para iniciar nueva discusión”, afirmó al término de la sesión el presidente de la Cámara, Arthur Lira.
Lira recordó que los parlamentarios fueron elegidos con el voto electrónico, ahora cuestionado por Bolsonaro, y recalcó que el presidente brasileño se comprometió a reconocer el resultado.
“La urna electrónica es auditable, fraude es el voto impreso”, sentenció el diputado Elvino José Bohn Gass, del progresista Partido de los Trabajadores (PT), contrario a la medida y quien pidió centrarse en combatir la crisis económica y sanitaria provocada por la COVID-19.
El sistema electrónico de votación, elogiado en múltiples ocasiones por diversos observadores internacionales, funciona en Brasil desde 1996 y no ha sido objeto de sospechas desde entonces.
Sin embargo, Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, emprendió una feroz campaña contra las urnas electrónicas, de la que se ha valido para descalificar a las autoridades electorales y sembrar dudas sobre la legitimidad del método de escrutinio vigente.
El gobernante afirmó que el Tribunal Superior Electoral (TSE) no quiere adoptar las papeletas para favorecer a su mayor adversario político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoy máximo favorito para ganar los comicios de octubre de 2022.
Esa ristra de acusaciones que ha repetido el jefe de Estado como un mantra en sus actos públicos llevó al TSE a reaccionar e intentar detener los ataques de Bolsonaro en la esfera judicial.
En este marco, el tribunal le abrió un proceso administrativo por esa campaña de descrédito y pidió a la Corte Suprema que le investigue penalmente por la difusión de noticias falsas contra las instituciones democráticas y hasta de documentos secretos de la Policía Federal, con los que intentó justificar su cruzada.
Antes de la votación en el pleno de la Cámara Baja, una comisión especial de ese órgano legislativo ya había rechazado el texto, pese a ello, el jefe de los diputados, Arthur Lira, quiso someterlo al análisis del pleno para poner “punto final” al asunto.