El Gobierno de Chile expulsó este miércoles 4 de agosto a 77 inmigrantes peruanos y bolivianos en un vuelo chárter, el quinto que fleta este año en el marco de una estrategia del Ejecutivo para desalentar la migración irregular, por lo que pretende deportar a 1.500 personas en 2021.
Según información oficial, los 77 extranjeros han sido devueltos a su país de origen por ingresar a través de pasos clandestinos o por haber cometido delitos relacionados con drogas, robo, tráfico de migrantes y delitos sexuales.
En total, 547 personas han sido deportadas en cinco vuelos distintos este año debido a una nueva ley de migración más estricta que el conservador Sebastián Piñera promulgó en abril bajo el lema de “ordenar la casa” y que obliga a los extranjeros a obtener visas en sus países de origen.
La mayor parte de las personas devueltas este año son venezolanas (185), seguidas por los colombianos (105) y bolivianos (99) y en menor medida a dominicanos, peruanos y de otras nacionalidades.
Las deportaciones han recibido duras críticas de diversas organizaciones promigrantes y de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) o las Naciones Unidas, las cuales alertaron de graves violaciones a los derechos fundamentales de estos extranjeros.
Desde HRW denunciaron expulsiones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas), impedimento para acceder a llamadas telefónicas o abogados, y separación de familias, entre otros.
La Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por considerar que fueron producto de un “procedimiento contencioso administrativo insuficiente”, pero en casi todos los casos esta anulación fue posterior a la deportación.
Para el oficialismo, la nueva ley de migración es una vía para ordenar y regular la situación de los extranjeros que, pese a la pandemia y la crisis social que estalló en 2019, siguen viendo en Chile a uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Sin embargo, expertos en materia migratoria señalan que el endurecimiento de fronteras desemboca en un aumento de personas que cruzan a través de pasos no habilitados.
Se estima que en el país residen cerca de 1.4 millones de migrantes ―equivalente al 7% de la población―, de los cuales la comunidad venezolana es la más numerosa (alrededor de 450.000 personas), seguida por la peruana y la haitiana.