
De acuerdo con una notificación firmada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la sanción corresponde a una penalidad de US$500 por cada día que la mujer permaneció en el país después de la orden. En total, acumuló 3.642 días.
Esta mujer hondureña, de 43 años y madre de tres hijos, deberá pagar US$1.821.350, una cifra equivalente a 44 años y seis meses de trabajo continuo, sin días libre, considerando un salario mínimo estatal de US$14 por hora.
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Michelle Sánchez, abogada especializada en inmigración y representante del caso, declaró a CBS News que la multa se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un estatuto vigente desde hace más de 70 años. Esta ley regula visas, deportaciones y procesos de naturalización. También establece que quienes permanezcan ilegalmente en Estados Unidos después de recibir una orden de deportación pueden enfrentar sanciones económicas significativas o incluso penas de prisión.
Sánchez indicó que ha presentado una moción para anular la orden emitida en 2005, alegando que su clienta no tiene antecedentes penales recientes y cumple con los requisitos para solicitar la residencia permanente. Asimismo, explicó que la migrante puede impugnar la multa presentándose en una oficina del ICE, aunque hacerlo podría implicar el riesgo de ser deportada.
Sánchez advirtió que una deportación definitiva tendría un impacto negativo considerable en los hijos de la mujer, quienes son ciudadanos estadounidenses. Además, criticó la política del ICE, calificándola de intimidatoria por imponer multas que muchas personas no podrían pagar en toda su vida.
“El ICE está aterrorizando a las personas sin siquiera ir a recogerlas. Las intimidan enviándoles avisos con multas exorbitantes que no podrían ganar ni trabajando toda una vida”, enfatizó la abogada.
También señaló que defenderá a su clienta, ya que nunca fue informada sobre las posibles consecuencias de permanecer en el país tras la orden de deportación.
Esta acción se enmarca en una política migratoria impulsada en abril por la administración de Donald Trump, que propone imponer multas de aproximadamente 1.000 dólares diarios a migrantes que no abandonen el país tras recibir una orden de deportación definitiva.
El asesor fronterizo Tom Homan advirtió que quienes incumplan con la orden podrían enfrentar procesos legales y la confiscación de bienes, exhortando a los migrantes a salir voluntariamente mediante la aplicación CBP One.
“Pon tus asuntos en orden. Si estás en el país sin documentos, colabora con el ICE, accede a la aplicación CBP One y sal por tu cuenta”, enfatizó Homan.

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