Violencia contra las mujeres: cuando el poder social y económico juega a favor de los agresores ante la justicia
Expertas en género explican cómo en los casos de Adriano Pozo, Adolfo Bazán y Vicente Pastor se evidencian factores que colocan a las mujeres sobrevivientes de violencia de género en una posición de desventaja para acceder a justicia.
El acceso a justicia y reparación para las mujeres víctimas de violencia de género es un problema sistemático en el Perú. Un agente que juega un rol importante —muchas veces a favor de los agresores— es el poder socioeconómico que poseen, el cual es el resultado de la intersección entre machismo, clasismo y racismo, factores que ponen en mayor vulnerabilidad a las peruanas.
Estos tres aspectos están inmersos en la sociedad desde la época de la colonia y se reflejan en los operadores judiciales. Angelica Motta, antropóloga especialista en género, y Cynthia Silva, abogada especialista en Derechos Humanos desde la perspectiva de género, afirman a este diario que el poder socioeconómico refuerza el riesgo de impunidad en las sentencias a agresores que cometieron delitos de violencia de género.
Poder Judicial
“Sí, hay un trato diferenciado cuando el agresor es una persona que goza de una posición socioeconómica favorable. (...) No depende del daño que le hicieron a la víctima, sino de qué características reúne esa persona que ha cometido el delito", detalla Silva.
En el Perú se evidenció en reiteradas ocasiones que “la justicia tiene precio, pues hay un conjunto de mafias dentro del PJ donde se ha traficado con todo, pero también con la integridad de las mujeres”, cuenta Motta. Para ello, es preciso recordar el caso del exjuez supremo César Hinostroza, a quien se le escuchó negociando la condena para un procesado que violó a una menor de edad en una de las primeras cintas de los “audios de la vergüenza”.
La antropóloga recalca que mientras mayor prestigio social tenga una persona, mayor poder e influencia tendrá en las instituciones públicas. “Lamentablemente, por el hecho de que no tenemos instituciones sólidas que actúen democráticamente; es decir, considerando a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual, seguiremos siendo un país que se rige por jerarquías que nos marcan desde la colonia con el racismo”, detalla.
Racismo, machismo, clasismo y colonización
Debido al racismo, todo lo que sea percibido como “blanco y extranjero” tiene más prestigio en comparación con “lo cholo y lo indígena”. A este se le suma un factor importante y determinante: el machismo, que se refuerza en el territorio peruano desde la colonización, durante la que se impuso esa mirada hispánica que considera que las mujeres son “moral y mentalmente inferiores a los hombres”, señala la experta en estudios de Historia y Género, Mariemma Mannarelli, en su libro La domesticación de las mujeres.
Con la colonización, se entrelazaron ambas desigualdades, lo que resultó en que quienes ejercen el poder —y por ende tienen más prestigio social— no solo son las figuras masculinas, sino también aquellos que se acercan al polo de lo blanco u occidental. Esta discriminación que se ejerce día a día en las relaciones sociales, también se reproduce en las instituciones estatales.
El clasismo surge junto al racismo y el machismo, ya que es justamente ese poder económico que otorga privilegios de clase es el que “empodera la estrategia de defensa del agresor”, como señala Cynthia Silva. “Si un agresor es de clase alta, de status socioeconómico y con posibilidades económicas, ese jamás va a ser ‘el monstruo de no sé donde’”, detalla.
Sin embargo, ella explica que la influencia del poder socioeconómico por parte de los agresores de clases sociales privilegiadas no se manifiesta necesariamente a través del dinero, sino que se evidencia a través de prácticas que involucran la corrupción, como el intercambio de favores o el tráfico de influencias.
El caso Adriano Pozo
Desde el 2015, Arlette Contreras inició una batalla legal en contra de Adriano Pozo. En un inicio, la agravada acudió a la Corte de Justicia de Ayacucho, región en la que se produjo el ataque. Sin embargo, pese a que incluso existe un video que registró la violencia que ella vivió, solo se dictaron sentencias que lo favorecían.
Dos días después de que se emitió la primera sentencia, en la que el órgano de justicia ayacuchano determinaba un año de prisión suspendida por el delito de lesiones leves para Pozo, la joven ayacuchana denunció que Jorge Pozo Palomino, regidor de Huamanga y padre de Adriano, tenía vínculos con Tatiana Pérez García Blásquez, entonces presidenta de la Corte de Ayacucho.
Luego de que el Juzgado Penal de Ayacucho absolviera nuevamente al agresor de los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de violación, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dispuso que el caso se transfiera a la Corte Superior de Lima Norte.
Adriano Pozo se encuentra no ha habido desde que se dictó 11 años de prisión efectiva por intento de feminicidio. (Foto: Poder Judicial)
Después de cuatro años de sucedido el hecho, tres juicios orales, dos sentencias y una ardua lucha, el 8 de julio del 2019, el Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte de Lima Norte sentenció a Adriano Pozo a 11 años de prisión por tentativa de feminicidio, mas este fue absuelto de la tentativa de violación.
Micaela de Osma vivió en Lima un episodio de violencia similar al de Arlette Contreras, perpetrado por Martín Alonso Camino Forsyth en el 2018. Cynthia Silva, quien fue abogada de Contreras, hace énfasis en el tiempo transcurrido para que los operadores judiciales emitieran una sentencia en ambos casos: a Camino Forsyth se le aplicó una pena de 11 años tras poco más de un año de proceso, mientras que para Pozo pasaron cuatro años para alcanzar la misma sanción.
Silva detalla que “el trato es total y absolutamente diferenciado”, tanto para las víctimas como por el lado de los agresores. “En el caso de Arlette, el poder y la influencia de la familia del agresor pesó un montón para que no le caiga todo el peso de la ley como debía ser”, alega Motta.
Adolfo Bazán
La modelo Macarena Vélez denunció en el 2019 al abogado Adolfo Bazán por tocamientos indebidos. A raíz de ello, aparecieron otras víctimas. No obstante, estas denuncias no son las únicas, pues en el 2018 una mujer lo denunció por doparla y abusar de ella sexualmente.
Bazán solo permaneció cinco meses en prisión preventiva durante las investigaciones de la Fiscalía. Sin embargo, el caso quedó archivado luego de la liberación de Bazán y la falta de una acusación fiscal pese a que se presentaron pruebas registradas por las cámaras de video vigilancia que evidenciaban el abuso. Fue recién cuando el caso de Vélez se hizo mediático que la justicia puso los ojos sobre el abogado.
Luego de la denuncia interpuesta por la modelo, este intentó escapar del país para no cumplir la prisión preventiva. Ante su captura, el abogado intentó utilizar su poder económico para sobornar a los policías que lo capturaron.
Adolfo Bazán fue capturado cuando pretendía huir del país por Tacna. (Foto: La República)
Para la abogada, la clase social, además del género, es un agente que determina las consecuencias que se esperan o toleran de personas que gozan de privilegios de clase. Indica que ante los ojos de la sociedad es imposible que ellos sean vistos como perpetradores de violencia, pese a que existen las pruebas. “Tiene que ver la idea de que los agresores tienen determinadas características: personas pobres, con no acceso a educación formal, entonces ellos son identificados como tales”.
A estos agresores se les mira como si fueran “personas de bien” solo por el hecho de que ya tienen una trayectoria construida. “Ellos seguirán siendo grandes artistas, referentes académicos, políticos, aún así sean agresores, acosadores”, enfatiza Silva.
Vicente Pastor
En el 2018, Vicente Pastor, quien tenía entonces 17 años y era estudiante del colegio Markham, violó a una estudiante de Estados Unidos que se encontraba de intercambio en el Perú. Mackenzie Severns tenía 15 años y, tras denunciar al abusador, la fiscal provincial de Familia de la 14° Fiscalía Provincial de Lima, Lourdes Morales, archivó el caso.
Pese a ello, la familia de la víctima apeló esta decisión hasta que, dos años después, finalmente, lo sentenciaron a 12 meses de libertad restringida y a entregar una reparación económica a favor de la agraviada de 30.000 soles. Sin embargo, Pastor no será privado de su libertad.
“Si este muchacho violador no fuese quien es, no tuviese los recursos económicos que tiene, si viviese en San Juan de Lurigancho o San Martín de Porres, lo más probable es que en este momento estuviese en Maranguita. (...) Lamentablemente, el poderío económico significa que la ley no aplica necesariamente para ti. Aplica para otros que no pueden pagar un sinfín de abogados”, manifestó el abogado de Severns, Sandro Monteblanco, en una entrevista pasada a este diario.
Vicente Pastor Delgado, joven sentenciado por violación sexual en agravio de una adolescente estadounidense. Foto: Captura Día D/ ATV
En el caso de Vicente Pastor se podría evidenciar el racismo estructural que atraviesa a quienes se encargan de impartir la justicia. “Si el agresor es una persona de clase alta, de status socioeconómico y con posibilidades económicas, ese jamás va a ser ‘el monstruo de no sé donde’”, explica Cynthia Silva.
“La defensa logró demostrar que Pastor era un agresor con la declaración de la víctima y se ha escuchado la pericia psicológica de la chica". Esto es algo a lo que no accede, por ejemplo, Claudia Pérez Huamaní, exalumna de la Pontificia Universidad Católica del Perú que fue abusada sexualmente por el abogado José Angulo Portocarrero, su compañero de trabajo en aquel entonces, en circunstancias similares a las de Mackenzie. “Ese estándar probatorio, que es el razonable y exigible, es al que ella no accede”, especifica.
Enrique Ghersi es el tercer abogado en asumir la defensa de Vicente Pastor. Este, quien representó al Congreso de la República ante la demanda interpuesta por el Ejecutivo contra la moción de vacancia presidencial que se interpuso a Martín Vizcarra, anunció en el programa Día D que apelará la sentencia.
Cuando más desigualdades atraviesan a las mujeres
Tanto Cynthia Silva como Angélica Motta señalan que estos casos judiciales se habrían llevado de forma distinta si los agresores no hubieran contado con los privilegios que les otorga su poder económico.
Si esto sucede con víctimas como Mackenzie Severns o Micaela de Osma, quienes parten con una desventaja por discriminación por género, pero a su vez cuentan con el privilegio de los recursos económicos para poder batallar en el ámbito judicial, ¿qué pasa con aquellas víctimas que no tienen los mismos medios que estas mujeres?
Para Angélica Motta, las mujeres pobres y racializadas, en quienes se intersectan las desigualdades relatadas, son las que están más expuestas y vulnerables. Por ello, estas buscan una justicia alternativa que no sea a través de canales del Estado ni las instituciones para sancionar socialmente a los agresores, según la antropóloga. “Por ejemplo, relatar sus testimonios en redes sociales”, lo cual es resultado de los diferentes obstáculos que se presentan para acceder a justicia y reparación.
Sin embargo, al contar sus testimonios de abusos, muchas mujeres son revictimizadas por una ola de críticas y cuestionamientos. Inicia así un nuevo ciclo de violencia.
