Por José Távara Profesor, PUCP Hace pocos años, mientras almorzaba en un restaurante con varios profesionales del OSIPTEL, un mozo abrió la puerta de un reservado contiguo, y por unos segundos apareció ante nosotros el primer ministro, en una amena plática con directivos de una gran empresa de telecomunicaciones. Nunca supimos de qué platicaban pero recuerdo las miradas suspicaces de mis colegas, a nadie se le ocurrió que estuvieran hablando de fútbol. La anécdota es oportuna, pues en las próximas semanas el gobierno designará a los 9 directores que ocuparán las plazas vacantes en los consejos directivos de los reguladores. Estos organismos fueron diseñados para operar con autonomía y transparencia en defensa de los usuarios, presentes y futuros. Sus directores sólo pueden ser removidos por falta grave, y deben sustentar sus decisiones en procesos abiertos a la participación ciudadana. Lamentablemente este diseño se ha desdibujado bajo la gestión del gobierno actual, facilitando la captura de los reguladores por empresas vinculadas al poder político. La captura se expresa en los contenidos de leyes, decretos y resoluciones que promueven intereses privados, en perjuicio del bienestar general. No siempre supone incumplimientos o transgresiones normativas, y por ello es más difícil de enfrentar. La captura pasa por la designación, en los cargos clave, de personas que responden a consignas partidarias, para favorecer a la empresa que pagó la coima o financió la campaña, y para colocar a los allegados en la planilla de la institución. Según las normas vigentes los directores son designados mediante concurso público de méritos. Sin embargo, en el caso de SUNASS, se ha desconocido la lista de candidatos finalistas según la comisión evaluadora, y se ha convocado a un nuevo concurso. En OSINERGMIN ya está en marcha el proceso de evaluación, y al parecer hay presiones para que las plazas sean asignadas a gente del partido del gobierno. El OSIPTEL se ha debilitado por la salida de varios profesionales calificados, y por el ingreso de muchas personas de menor nivel. Un director renunció hace pocos meses por discrepancias con el manejo de la institución, y otro –militante aprista– ha sido denunciado y removido por falta grave, de manera que el directorio sólo cuenta con 2 de sus 5 miembros. ¡Esto es inaceptable! El gobierno debe enmendar el rumbo y asegurar concursos imparciales y transparentes, los reguladores no deben ser usados para el empleo partidario ni capturados por los grupos económicos. Si bien la inteligencia y la ética no siempre van de la mano, la excelencia en el desempeño como criterio de selección, puede facilitar la constitución de equipos que compartan los mismos códigos de ética profesional. Lo que está en juego es la calidad de decisiones que comprometen la inversión en servicios clave para el desarrollo y el bienestar en nuestro país, como el agua, energía, telecomunicaciones y transporte, así como la protección de derechos fundamentales, incluyendo la privacidad de las comunicaciones. Solo un sistema de regulación sólido, legitimado ante la sociedad, podrá enfrentar la demagogia y desterrar la ilusión del cambio en la propiedad como la varita mágica que resolverá nuestros problemas.
