
La discusión del proyecto de Ley de Crédito Suplementario 2026 suma un nuevo frente de controversia. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) advirtió que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo podría afectar la continuidad de importantes obras en el interior del país debido a la limitada asignación de recursos para inversiones regionales.
A través de un comunicado, la organización que agrupa a los gobiernos regionales expresó su preocupación por el Proyecto de Ley N.° 14799, actualmente en debate en el Congreso de la República, al considerar que la distribución de los fondos no responde a las necesidades de las regiones.
Para la ANGR, la distribución planteada en el crédito suplementario dejaría a las regiones con menos del 10% de los recursos para inversiones, lo que comprometería la continuidad de proyectos y obras en ejecución.
Los gobiernos regionales sostienen que los requerimientos presupuestales fueron presentados oportunamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero aseguran que estos no fueron incorporados de manera integral en la iniciativa enviada al Parlamento.
Por ello, solicitaron a la Comisión de Presupuesto del Congreso revisar la distribución de los recursos y garantizar financiamiento continuo para las inversiones regionales, especialmente aquellas vinculadas a infraestructura vial, salud, educación y saneamiento.
El pronunciamiento se produce en momentos en que el Ejecutivo defiende el crédito suplementario como una herramienta para impulsar la inversión pública, asegurar la continuidad de servicios esenciales y atender compromisos prioritarios del Estado.
Sin embargo, la ANGR considera que la asignación planteada genera desequilibrios territoriales y podría limitar la capacidad de las regiones para ejecutar proyectos que ya se encuentran en marcha.
Otro de los cuestionamientos planteados por los gobernadores regionales está relacionado con la ausencia de medidas específicas para enfrentar los posibles impactos del Fenómeno El Niño Global y Costero.
La ANGR señaló que no basta con transferir a los gobiernos regionales la ejecución de obras vinculadas a la antigua Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), entidad que fue desactivada tras la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en 2023.
En ese sentido, demandó la incorporación de partidas presupuestales específicas destinadas a la prevención de riesgos, la atención de emergencias y la reducción de vulnerabilidades frente a eventuales fenómenos climáticos.
La posición de los gobernadores regionales añade presión al debate del crédito suplementario en el Congreso, donde diversas bancadas vienen evaluando modificaciones al proyecto antes de su aprobación final. Mientras el Ejecutivo sostiene que los recursos permitirán dinamizar la economía y asegurar servicios prioritarios, las regiones reclaman una participación más equitativa en la distribución de los fondos para evitar la paralización de obras consideradas estratégicas para el desarrollo regional.





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