
El anuncio de nuevas protestas por parte de los agricultores del Valle de Tambo contra el proyecto Tía María ha encendido las alarmas del gobierno. Según el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, se trata de un grupo de pequeños dirigentes junto a organizaciones financiadas desde el extranjero que buscan paralizar la atracción de inversiones.
"Si sigue el afán de grupos organizados financiados desde el extranjero, y Tía María no logra efectivizar su operación, va a ser una señal de que Perú no es un país adecuado para invertir y sus competidores inmediatos, como Bolivia y Chile, se van a ver beneficiados", declaró el Primer Ministro a los medios de comunicación foráneos.
La respuesta no se hizo esperar. Según recordó Óscar Del Carpio, miembro del Comité de Apoyo y Solidaridad al Valle del Tambo, las declaraciones de Álvarez desconocen la consulta popular del 2009, en la que la mayoría de la población se pronunció en rechazo al proyecto Tía María que ejecuta la empresa Southern Copper Corporation.
De igual manera, dejó en claro que los agricultores locales tiene sus propios recursos económicos para gestionar sus acciones de lucha. Precisamente, este 16 y 17 de diciembre, ellos volverán a salir a las calles desde tempranas horas para exigir la cancelación de Tía María que no cuenta con licencia social y cuyos impactos ambientales serían nocivos.
"El pueblo del Valle de Tambo no quiere ser Cerro de Pasco 2. Southern viene actuando de forma ilegal porque su Estudio de Impacto Ambiental ya caducó y no tiene autorización de uso de agua por parte de la ANA. Se comprometieron en hacer una planta desalinizadora y no hay resultados ni han pedido autorización a la Marina de Guerra (…) Si persisten en imponer este proyecto, iniciaremos una huelga general el 24 de marzo del 2026", agregó.
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Ante los medios de comunicación extranjeros, el titular de la PCM reconoció que Tía María es emblemático para el país y por eso, el gobierno de José Jerí aspira a ponerlo en marcha. En su opinión, "no se puede dejar que le suceda lo mismo que ocurrió con Conga", proyecto ubicado en Cajamarca que se encuentra paralizado desde el 2012.
Álvarez responsabilizó a las comunidades que se opusieron a la minería legal en dicha región y advirtió que ahora, sufren las consecuencias de la expansión de la minería ilegal. Y es que, a su juicio, esta actividad ilícita ha ganado terreno y contamina con mercurio "muchas de las vertientes de riachuelos y ríos".
Para Mirtha Vásquez, abogada de Grufides, las declaraciones del Primer Ministro resultan sorpresivas y no han sido respaldadas por una fuente fidedigna. Según recordó, el proyecto Conga está paralizado, pero sigue bajo la administración de la minera Yanacocha, que no ha renunciado a la concesión ni a la propiedad adquirida.
"Hay que recordar que ellos (Yanacocha) tienen personal de seguridad privado que cuida la zona. Me parece improbable que la empresa haya descuidado sus controles porque incluso, los campesinos y rondas verifican las lagunas. La otra hipótesis sería que la compañía esté de acuerdo con esos supuestos ilegales que explotan ahí, pero no hay certeza. En zonas de Sorochuco y el Valle de Condebamba tenemos reportes de minería ilegal, pero no en las zonas de Conga", indicó.
Respecto a la acusación de Álvarez sobre la despreocupación de las ONG para luchar contra la minería ilegal, Vásquez dijo que está desinformado, ya que las organizaciones sociales en Cajamarca han realizado protestas en defensa de su territorio ante la amenaza de la minería ilegal. Además, las propias ONG vienen asumiendo procesos judiciales para proteger el ambiente y salvaguardar la integridad de los pobladores.
Finalmente, informó que se encuentran a la espera de la sentencia que confirme el cese de operaciones del proyecto Conga ante la amenaza del derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado . Y es que, el Poder Judicial decidió declarar fundada la demanda de amparo en primera instancia, pero falta un nuevo pronunciamiento.
"Estas actividades extractivas generan un daño al territorio que es irreversible. Como lo dice la sentencia del Poder Judicial de Cajamarca, Conga es un proyecto que no logra controlarse. Con el tema Conga, las lecciones que sacamos es que los territorios tienen que ser defendidos, así como el ambiente, que es el espacio donde sobreviven las comunidades", sentenció.

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