
Luego de casi dos semanas de su aprobación en el Congreso, el gobierno de José Jerí dispuso la publicación de la ley que autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), sujetos a los alcances del régimen laboral del Decreto Legislativo 728.
De acuerdo con el artículo 2 de la norma, que lleva la firma de los titulares del Congreso y Poder Ejecutivo, se busca optimizar las condiciones laborales de los empleados y fortalecer el sistema registral a nivel nacional. Esto significa que la Sunarp cumpla de manera eficiente con su objetivo de: inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de las personas, entre otras.
Además, sus promotores aseguran que la norma garantizará una retribución justa y sostenible, ya que la escala vigente no ha variado desde hace 13 años atrás cuando se emitió el Decreto Supremo 321-2013-EF. Y es que, con estas brechas salariales, la entidad tiene dificultades para retener talento especializado y limitaciones para avanzar en la digitalización y mejora del servicio.
"La actualización de la escala remunerativa de los trabajadores de la Sunarp responde a una serie de cambios normativos y económicos que han impactado en el sector público, pero que no se han reflejado en una mejora de las condiciones salariales de dicha entidad, pese al incremento del costo de vida y la inflación acumulada en el país", rezan el dictamen gestado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de La República.
Como se recuerda, dicha norma fue aprobada el pasado 20 de noviembre por el Pleno del Congreso con 88 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones. De acuerdo con la exposición de motivos del texto, la Sunarp posee la capacidad financiera para la actualización de la escala remunerativa de cerca de 2.072 trabajadores bajo el régimen de la actividad privada.
Los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 32521 fijan la ruta para la implementación progresiva del incremento remunerativo de los trabajadores de la Sunarp, la cual estará condicionada al cumplimiento de indicadores institucionales de desempeño previamente establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A continuación, se precisa lo siguiente:
De acuerdo con la primera disposición complementaria final, la implementación de la norma se financiará con cargo al presupuesto institucional de la Sunarp, sin la necesidad de demandar recursos adicionales al Tesoro Público. También, se exceptúa a dicha entidad de lo establecido en los artículos 6 y 9 de la Ley de Presupuesto Público 2026.

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