Consejo Fiscal alerta que el Congreso aprobó 101 leyes con perjuicio al Estado por más de S/35.000 millones y con aval del Gobierno

Sin precedentes. El Consejo Fiscal, órgano autónomo que vela por el sostenimiento de las finanzas públicas del país, alertó que el Congreso actual (2021 al 2026) ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal, es decir que gatillan el gasto o reducen la recaudación para el Estado. Esta cifra triplica el promedio de los 15 años anteriores, cuando se aprobaron en promedio 68 leyes de ese tipo.

De ese número, en lo que va del quinquenio, 101 leyes son consideradas normas adversas, toda vez que representan un costo al erario nacional de S/35.795 millones. "Es una escala imposible de manejar en presupuesto. Es realmente inédito", disparó Alonso Segura, presidente de la entidad en una inusual conferencia de prensa.

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Para poner en perspectiva, en 15 años (2006–2020) se aprobaron alrededor de 30 leyes de este tipo y los montos involucrados no superaban los S/500 millones.

En esta aversión al tesoro público, hay responsabilidades compartidas entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, advierte el exministro de Economía Alonso Segura. Durante el régimen de Dina Boluarte no se utilizó los mecanismos institucionales disponibles para frenar más de 80 leyes (ver cuadro) con efectos nocivos sobre las finanzas públicas. "El Ejecutivo ha dejado de usar todas las herramientas a su disposición para evitar que proyectos técnicamente no recomendables se conviertan en ley", cuestionó Segura.

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En detalle, el Poder Ejecutivo ha dejado de observar más de la mitad de las normas aprobadas. "El 56% de las 229 leyes no las ha observado. Son leyes que tienen impacto fiscal enorme", agregó Segura.

Pero no solo no las observó, sino que tampoco el Gobierno tomó las acciones legales ante el Tribunal Constitucional (TC), prerrogativa que tiene para impugnar la mayoría de estas normas, pese a su elevado impacto económico. De las 181 leyes que implican gasto público, solo tres fueron derivadas al TC en la gestión previa del gobierno (Boluarte). "En los últimos tres años, ha llevado tres y de ahí ninguna, cuando han habido decenas de normas que generan gastos públicos", advirtió.

Las 10 leyes con mayor costo fiscal del quinquenio

El Consejo Fiscal identificó las 10 leyes aprobadas entre 2021 y 2025 con mayor impacto sobre las finanzas públicas, cuyo costo total asciende a S/72.962 millones, según estimaciones del MEF. Estas normas, vigentes pero aún no incorporadas en el Marco Macroeconómico Multianual, son medidas transitorias y recurrentes que, como explicó el exministro Alonso Segura, representan tanto "costos de una sola vez” (en soles de hoy) como gastos anuales permanentes que presionan las cuentas fiscales.

La más onerosa es la Ley 31495, que autoriza el pago de un bono por preparación de clases a los docentes, con un impacto recurrente de S/40.561 millones. Le sigue la Ley 32387, que modifica la distribución del IGV para incrementar el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), medida que transfiere mayores recursos a los municipios pero reduce los ingresos del Gobierno Central, generando un costo fiscal de S/8.500 millones anuales. En tercer lugar figura la Ley 31729, que actualiza el bono de reconocimiento para los afiliados a la ONP, con un efecto transitorio estimado en S/6.380 millones.

También figura la Ley 32434, bautizada como la "Ley Chlimper 2.0", medida que reinstaura un régimen tributario preferencial para las grandes agroexportadoras al reducirles la tasa del Impuesto a la Renta al 15% y otorgarle deducciones adicionales por compras a pequeños productores, pese al auspicioso auge que viven. El Consejo Fiscal estima que esta medida generará una pérdida de recaudación de S/1.170 millones cada año. Economistas como Eduardo Zegarra han advertido que se trata de una política regresiva que perpetúa privilegios y agrava la desigualdad entre el agro exportador y la agricultura de subsistencia.

Javier Alfredo Escobal, miembro del Consejo Fiscal, indicó que si bien, mucho de las medidas aprobadas tienen que ver con gasto, "hay un número importante de medidas que sacrifican ingresos. Tenemos exoneraciones de zonas económicas y de agroindustria", enfatizó. En otro momento, Segura mencionó que muchas de las exoneraciones tributarias como la ley Chlimper 2.0 no tienen un sustento técnico adecuado.

"No nos corresponde derogar prioridades, pero la ley agraria es un sector consolidado, no necesita otro tipo de intervención pública. Los sacrificios en los ingresos van a ir concentrados a muy pocas empresas", criticó.

Más de 300 proyectos en trámite y deuda pública podría alcanzar el 70%

Sin embargo, la maquinaria sigue. Actualmente, sobre el tintero hay 352 proyectos de ley en trámite en el Congreso que podrían seguir gatillando las cuentas fiscales. La mayoría de ellos busca otorgar beneficios tributarios o aumentar el gasto público, sobre todo en sueldos y pensiones.

Dentro de este grupo, se han identificado 10 proyectos especialmente críticos, ya que su aplicación tendría un costo anual mínimo de S/25.000 millones, equivalente al 2% del PBI previsto para 2026. Entre ellos se encuentra el incremento de la pensión de los profesores jubilados, nombramiento de profesores de la educación básica regular, gratificaciones y CTS para trabajadores CAS, el incremento de remuneración para docentes universitarios, entre otros.

La economista Carolina Trivelli, integrante también del Consejo Fiscal, advirtió que este tipo de medidas dejan una situación fiscal mucho más compleja para las próximas gestiones y generaciones, que enfrentarán condiciones más difíciles para acceder a un empleo digno, emprender o sostener programas sociales.

"Como todos los ciudadanos, somos empáticos con la necesidad de mejorar los sueldos en el sector público, elevar las pensiones y cerrar las brechas de infraestructura. Todos queremos más y mejores programas sociales", señaló.

Sin embargo, precisó que esas demandas legítimas deben atenderse con prioridades claras, prudencia y responsabilidad fiscal. "No estamos en contra de una norma en particular, sino del conjunto de iniciativas que, tomadas en bloque y sin evaluación técnica, pueden llevarnos a una situación de insostenibilidad fiscal que pondrá en riesgo el desarrollo futuro del país", manifestó.

De acuerdo con las proyecciones, solo con las leyes ya publicadas, la deuda pública se ubicaría alrededor del 47% del PBI en 2036, cuando debería más bien retornar a niveles por debajo del 30%, conforme a la regla fiscal. Peor aún, con la avalancha de 300 proyectos dictaminados que siguen generando presiones sobre las cuentas públicas, la deuda podría escalar hasta cerca del 70% del PBI hacia ese mismo año, más del doble de lo proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029, y muy por encima del límite legal del 30%.

En opinión del exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, cada norma aprobada sin respaldo fiscal hipoteca el futuro de los peruanos, debilita la confianza internacional y limita la capacidad del Estado para responder ante crisis o emergencias. "Por eso, el gobierno de transición y, especialmente, el nuevo gobierno que asuma en 2026 tiene la obligación moral y política de restablecer la disciplina fiscal y el respeto a la institucionalidad económica", apuntó.

El presidente del CF enfatizó que "no se trata de que el Consejo Fiscal se oponga a gastar, sino de que esta avalancha de obligaciones reduce la capacidad del Estado para atender sus verdaderas prioridades, como la inseguridad ciudadana o la lucha contra la pobreza".