
El Gobierno del Perú aprobó, mediante el Decreto Supremo N° 015-2025-MTC, el texto de la Adenda N° 5 del Contrato de Concesión del Terminal Portuario de Matarani, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa. La medida, refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Transportes y Comunicaciones César Carlos Sandoval Pozo, autoriza una inversión comprometida de US$700 millones en infraestructura portuaria, marcando el cierre de un proceso técnico y regulatorio de casi dos años.
El decreto, publicado este 4 de octubre, contó con la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ProInversión y la Contraloría General de la República, y constituye el penúltimo paso antes de la firma formal de la adenda, que extenderá la concesión del puerto —actualmente a cargo de Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR)— hasta el año 2059.
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El Puerto de Matarani moviliza entre el 40% y 50% del cobre que exporta el Perú, consolidándose como un punto estratégico para la cadena logística minera y el comercio exterior del sur del país. Con la ampliación aprobada, el terminal aumentará en 25% la capacidad de amarraderos, en 50% la capacidad de carga de grúas y en 22% la capacidad de almacenamiento de minerales, según informó la concesionaria.
Las nuevas obras contemplan la construcción de un amarradero adicional de 285 metros, un almacén de minerales con capacidad para 40.000 toneladas métricas, nuevas grúas eléctricas, un patio de contenedores y otras mejoras orientadas a la sostenibilidad y eficiencia operativa.
Estas inversiones serán cruciales para atender la demanda de proyectos mineros como Zafranal (US$2.000 millones) y Tía María (US$1.800 millones), además de otros como Majes-Siguas II, Los Calatos, Haquira, Corani, Falchani y Cotabambas.
“La ampliación de Matarani no solo implica una inversión directa de US$700 millones, sino que resulta fundamental para la realización de grandes proyectos mineros del sur. En conjunto, estos proyectos representan unos US$11.000 millones en inversión”, señaló Mauricio Núñez del Prado, gerente general de TISUR.
Actualmente, el puerto también atiende a operaciones mineras en marcha como Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay, Constancia y Mina Justa, que en conjunto generan más de 250.000 empleos directos e indirectos.
“La aprobación de la adenda llega en un momento clave, puesto que el terminal enfrenta una muy alta tasa de ocupación. De no ampliarse, Matarani podría convertirse en un cuello de botella para la producción del sur del país”, advirtió Núñez del Prado.
Durante la etapa constructiva, se proyecta la creación de 1.800 empleos directos, además de un aporte estimado de US$356 millones al Estado y el impulso de hasta US$11.000 millones en inversiones derivadas para la región Arequipa.
Desde el inicio de la concesión en 1999, TISUR ha invertido US$291 millones en infraestructura, multiplicando por seis la capacidad del terminal. A la fecha, el puerto genera 700 empleos directos, de los cuales el 75% corresponde a trabajadores de la provincia de Islay, y ha aportado US$60 millones en retribuciones al Gobierno Regional y las municipalidades locales.
TISUR cuenta con el respaldo de Global Infrastructure Partners (GIP), fondo estadounidense con participación en infraestructuras emblemáticas como el Aeropuerto de Londres, el Puerto de Liverpool y el Puerto de Brisbane. GIP, a su vez, es parte de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo.
“Los resultados de nuestro primer periodo de concesión son la mejor prueba de la capacidad de TISUR para manejar infraestructura portuaria con los más altos estándares de eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Hoy, con esta adenda, reafirmamos nuestro compromiso con la consolidación del sector portuario peruano y con el desarrollo de nuestro país”, afirmó Núñez del Prado.
Pese al optimismo por la ampliación, expertos han pedido cautela en la gestión de las Asociaciones Público-Privadas (APP). El economista José Luis Guasch, exjefe global en APP del Banco Mundial, advirtió que “hay que tener mucho cuidado, pues en la extensión cuasi automática no se hace alusión a la posible pérdida del valor residual de la concesión para el Estado, y que suele ser sustancial”.
Guasch agregó que preocupa “lo que parece ser la estrategia o posición del Gobierno en relación a lo que hacer con las APP al término del contrato, sobre todo para las APP autosostenibles”
Entre 2026 y 2038 vencerán 38 concesiones de APP por un valor total de US$5.800 millones, equivalente a 1,4 veces la inversión pública anual del Estado, por lo que Guasch recomienda establecer mecanismos transparentes de renovación y control del valor residual.
En el caso de Matarani, tanto el MEF como el OSITRAN emitieron opinión favorable, garantizando el equilibrio económico-financiero y la transparencia del proceso. El texto completo de la adenda y sus anexos será publicado durante 15 días hábiles en los portales del MTC (www.gob.pe/mtc) y de la Autoridad Portuaria Nacional (www.gob.pe/apn) antes de su suscripción definitiva.

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