
El Estudio Económico de la OCDE: Perú 2025 advierte que la situación fiscal del país se ha deteriorado de manera preocupante, al registrar un déficit de 3,5% del PBI en 2024, incumpliendo por segundo año consecutivo la regla fiscal. Aunque la deuda pública se mantiene en niveles relativamente bajos respecto a otras economías de la región, la pérdida de disciplina fiscal está erosionando la confianza de los inversionistas y podría encarecer los costos de financiamiento en el corto plazo.
La OCDE señala que Perú no ha cumplido con el techo de déficit de 1% del PBI establecido en su marco fiscal desde 2014, y que los ajustes transitorios que se revisan con frecuencia han debilitado la credibilidad de la regla. Tras la pandemia, se registró una consolidación parcial en 2021 y 2022, pero el gasto volvió a crecer en 2023 y 2024 debido a choques climáticos, conflictos sociales, presiones salariales y repetidos apoyos a Petroperú, sin contar con ingresos compensatorios.
El organismo proyecta que el crecimiento económico se desacelerará a 2,8% en 2025 y 2,6% en 2026, tras un rebote en 2024. La incertidumbre global y doméstica mantendrá las inversiones contenidas, mientras que nuevos aranceles de Estados Unidos y una posible desaceleración en China afectarían las exportaciones de cobre, principal fuente de ingresos externos y fiscales.
Además, la OCDE alerta que la incertidumbre política de cara a las elecciones generales de 2026 y el aumento del crimen e inseguridad podrían deteriorar aún más la confianza empresarial y ciudadana, limitando la capacidad del país para retomar una senda de consolidación.
Para cumplir las metas fiscales, la OCDE calcula que se requieren medidas adicionales por 0,4% del PBI en 2025 y 2026. Entre ellas, plantea:
En paralelo, el informe advierte que una reforma tributaria profunda es indispensable para financiar las crecientes demandas sociales, de infraestructura y de transición climática. La presión tributaria fue de 17% del PBI en 2024, uno de los niveles más bajos de América Latina y muy inferior al promedio de la OCDE.
La propuesta incluye fortalecer la administración tributaria, simplificar los regímenes del impuesto a la renta corporativa para evitar el arbitraje entre micro y pequeñas empresas, y ampliar la base del impuesto a la renta de las personas naturales. Asimismo, plantea diversificar las fuentes de ingresos mediante impuestos a la propiedad, ambientales y selectivos al consumo.
La OCDE advierte que, de no aplicarse estas medidas, Perú podría perder su reputación en la gestión macroeconómica, lo que incrementaría los costos de financiamiento y pondría en riesgo su grado de inversión. Además, se limitaría el espacio fiscal necesario para responder a crisis climáticas, sociales y de seguridad, en un contexto de creciente demanda por protección social y gasto en infraestructura.

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