Restaurantes y hoteles seguirán pagando IGV reducido

Luego de casi dos semanas de su primera aprobación, la Comisión Permanente del Congreso refrendó su decisión de ampliar por tres años más el periodo de vigencia de la tasa reducida del Impuesto General a las Ventas (IGV) para las micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.

En total, fueron 19 votos a favor (Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, entre otros), 8 en contra (Cambio Democrático, Bancada Socialista, Perú Libre, etc) y solo 3 legisladores que se abstuvieron. De esta forma, los negocios de este sector que fueron afectados por los impactos de la pandemia de la COVID-19, seguirán pagando el 8% del IGV hasta el 31 de diciembre del 2026.

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Una vez que se cumpla este periodo, la tasa reducida para los hoteles, restaurantes y alojamientos turísticos será del 12% en el 2027 y a partir del 2028, retornaría al 18% del IGV que se aplica al resto de las actividades económicas. Si bien desde la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) refieren que el turismo aún no se ha recuperado totalmente y que la implementación de este beneficio resultó insuficiente para su reactivación, el Ministerio de Economía y Finanzas advierte que dicha medida no cumplió sus objetivos originales y perjudicaría la recaudación en más de S/740 millones anuales.

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Para el abogado tributarista Jorge Picón, la extensión de esta tasa especial genera un mal precedente porque se establecen excepciones para un determinado segmento sin una fundamentación básica. “El Ejecutivo debería observar esta norma, de tal manera que al Congreso solo le quedaría aprobarla por insistencia. Esto anticipa un año de una farra fiscal con tratamientos diferenciados en materia tributaria”, indicó a este medio.

En esa línea, la congresista del Bloque Democrático Popular Ruth Luque, sostuvo durante el debate en el Hemiciclo que, la propuesta beneficiaría en mayor medida a las empresas que están en el MYPE tributario y en el régimen especial, las cuales tienen que seguir pagando impuestos.

“No se está apoyando a las pequeñas empresas. Se están generando beneficios a un sector que ya tiene capacidad y puede tributar de manera adecuada al país”, agregó.

Como se recuerda, la norma fue promulgada en 2022 y sus efectos vencían el 31 de diciembre de este año. Ampliarla por tres años más tendría implicancias sobre el cumplimiento de reglas fiscales, teniendo en cuenta el alto déficit que cerraría en 3,7% del PBI, según el BCRP.

Hasta el 2027, el MEF alerta que el costo fiscal de esta medida superaría los S/2.200 millones. El paso final para que sus alcances se hagan efectivos es que Oficialía Mayor del Congreso remita la autógrafa de esta ley al gobierno de Dina Boluarte que podría observarla o promulgarla en el plazo de 15 días hábiles.