Hace algunos días, el Poder Ejecutivo publicó el proyecto del Reglamento de la Ley de Acceso Universal al Agua Potable (LAU) que contiene una serie de disposiciones para dotar de este servicio indispensable a la población en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Según la Resolución Ministerial N° 281-2024, se otorga un plazo de 10 días hábiles para recibir sugerencias, comentarios o aportes al documento.
Este proyecto de reglamento contempla la participación de diversos sectores del Ejecutivo, así como gobiernos regionales y locales, y las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), quienes son responsables de las acciones para la implementación de sistemas no convencionales a nivel nacional que aseguren el acceso al agua potable.
El Ministerio de Vivienda publicó el pasado viernes 16 de agosto el proyecto de reglamento de la ley N° 32065, el cual establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable. Su objetivo central es regular el alcance de estas intervenciones en el ámbito rural y urbano, priorizando a la población en condición de pobreza o vulnerabilidad, mediante opciones tecnológicas convencionales y no convencionales.
En este documento se establece la definición y alcance de las intervenciones, la identificación de la población objetivo, la responsabilidades en la ejecución de intervenciones y los procesos de coordinación con los programas del MVCS. Para asegurar su financiamiento, se cuenta con el Fondo de Inversión par el Acceso al Agua Potable y a los Servicios de Saneamiento (FIAS), a través del cual, los gobierno locales y EPS podrán tener los recursos necesarios para los trabajos.
Según la Resolución Ministerial N° 281-2024-VIVIENDA, se estableció un plazo de 10 días hábiles para que las instituciones, estudiantes universitarios, colectivos, academia y público en general puedan dejar sus aportes, comentarios y sugerencias al proyecto de reglamento de la LAU desde el 18 de agosto hasta el 2 de septiembre, a través de la página web del MVCS.
Bajo los alcances de esta norma, se estima cerrar la brecha de acceso a este recurso en aproximadamente cuatro años, teniendo en cuenta que hay alrededor de 3,15 millones de peruanos que no tienen ese servicio básico. Según el Ministerio de Vivienda (MVCS), las familias podrán ahorrar hasta S/80 al mes, ya que dejarán de pagar a los cisterneros cerca de S/100, y solo tendrán que realizar un depósito de menos de S/20 mensuales.