Osiptel impone una multa de más de S/2 millones a Movistar: el organismo regulador sanciona a Telefónica con una elevada multa
La severa penalización de Osiptel se debe a que Movistar no notificó a sus usuarios sobre la emisión de chips a sus nombres.
Sanción millonaria. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aplicó una multa superior a S/2 millones a Telefónica del Perú (Movistar) por dos infracciones, una de carácter muy grave y otra leve.
Esta decisión se comunicó mediante la Resolución 00024-2024-TA/Osiptel, publicada este miércoles en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Osiptel informa que Telefónica pidió la anulación de la resolución, argumentando que las infracciones administrativas sancionadas ya habían prescrito.
¿Qué llevó a Osiptel a imponer una multa millonaria a Movistar?
De acuerdo con los detalles de la resolución, se impuso a Telefónica/Movistar una multa leve de 47 UIT este año, equivalente a S/242.050, por exceder el número máximo de intentos o consultas de verificación biométrica por persona en un día al contratar el servicio móvil.
Adicionalmente, recibió una multa muy grave de 350 UIT, equivalente a S/1 millón 802.500, por no enviar de inmediato, tras la activación del servicio móvil, un mensaje de texto a todos los servicios móviles registrados bajo la titularidad del abonado en una operadora, así como un correo electrónico a la dirección registrada por el cliente al solicitar la reposición de la tarjeta SIM (chip).
Según el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, las empresas deben proporcionar un nuevo chip asociado al número telefónico o de abonado cuando se haya reportado previamente la sustracción o pérdida del equipo terminal, o cuando el chip se haya extraviado, presente fallas que causen la inoperatividad del servicio, o se requiera un nuevo modelo de SIM Card.
Esta solicitud debe ser realizada personalmente por el usuario en cualquiera de las oficinas o centros de atención de la operadora y puntos de venta habilitados, debiendo verificar la identidad del cliente exclusivamente mediante el sistema de verificación biométrica de huella dactilar.
Movistar intentó anular la resolución
Osiptel informó que Telefónica/Movistar solicitó la anulación de la resolución argumentando que las infracciones administrativas sancionadas ya habían prescrito, considerando que los hechos ocurrieron a partir del 5 de abril de 2021. La operadora señaló que el plazo de prescripción para la infracción grave es de 3 años, por lo que este período se cumplió el 5 de abril de 2024.
Sin embargo, el regulador aclaró que la primera conducta infractora ocurrió el 10 de octubre de 2022 y, al ser calificada como leve, el plazo de prescripción es de 2 años. Por lo tanto, esta infracción prescribiría el 10 de octubre de 2024, siempre y cuando no se hubiera iniciado el procedimiento sancionador, lo cual no aplica en este caso ya que la sanción se impuso el 11 de junio de 2024.
En cuanto a la segunda infracción, Osiptel indicó que comenzó el 3 de noviembre de 2022 y fue considerada muy grave, con un plazo de prescripción de 4 años. Así, esta infracción prescribiría el 3 de noviembre de 2026 si no se hubiera iniciado el procedimiento sancionador. No obstante, la sanción fue notificada el 11 de junio de 2024, por lo que aún no había prescrito.
¿Qué es Osiptel?
Osiptel, o el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, es una entidad pública peruana creada en 1991 y encargada de regular y supervisar el mercado de servicios de telecomunicaciones, incluyendo telefonía, internet y televisión por cable. Su objetivo principal es garantizar la calidad de los servicios y proteger los derechos de los usuarios, asegurando un entorno de competencia leal entre las empresas operadoras.
Osiptel cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera, y tiene la facultad de fijar tarifas, dictar normas reguladoras, resolver controversias y sancionar a las empresas que incumplen las obligaciones establecidas por la ley y los contratos de concesión.
