A pesar del divorcio ideológico entre la presidenta Dina Boluarte y su antecesor, Pedro Castillo, la jefa del Estado continúa con el plan de negociación colectiva para mejorar los ingresos percibidos por los trabajadores del sector público, el cual se materializó —tras casi cuatro décadas de espera— en el mandato del profesor cajamarquino que hoy se encuentra en prisión preventiva por el autogolpe de Estado perpetrado en diciembre de 2022.
Para el proceso de negociación colectiva, a sellarse como máximo el 30 de junio de 2024 —para que se aplique desde 2025—, el espacio fiscal para todos los niveles asciende a S/300 millones, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, la apuesta del MEF apenas significaría un aumento promedio de S/23 al mes —o de S/282 al año—.
Vamos por partes. En total, se estima que el incremento remunerativo llegue a 1 millón 64.015 empleados públicos. Es menester recordar que son tres niveles de negociación colectiva: centralizado, descentralizado sectorial y descentralizado por entidad pública.
En el centralizado, están los trabajadores de los regímenes 276, 728 (los del esquema privado en el Estado), servicio civil y trabajadores de carreras especiales penitenciaria y diplomáticos, así como los CAS. Aquí, el MEF propone un espacio fiscal de S/188 millones 529.614 para 436.252 personas. En promedio, cada uno de los trabajadores, dispersos entre los tres niveles de Gobierno, recibiría una mejora remunerativa de S/432 en términos anuales —o de S/36 mensuales—.
En el descentralizado sectorial, se compone exclusivamente de los profesionales de la salud y de la educación: léase, médicos, tecnólogos, enfermeros y profesores universitarios y escolares. Serán 627.763 los beneficiados con recursos que llegan a S/74 millones 99.585: una media de S/9,83 al mes —o S/118 al año—.
Mientras que en el nivel descentralizado por entidad pública encontramos a los trabajadores del centralizado, pero con beneficios económicos o complementarios propios a su entidad. El MEF para este grupo plantea S/37 millones 370.800: S/100 al año —u S/8,3 al mes—.
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Vale acotar que los trabajadores de las empresas públicas están fuera de este espacio fiscal, y estos negocian bajo las reglas privadas en el marco presupuestal del Fonafe.
De acuerdo con una fuente cercana a La República, estos S/300 millones en total son el punto de partida, y lo más probable es que crezca. Por ejemplo, en 2022, el MEF propuso una cifra similar y terminó cerca de los S/900 millones. Dependerá de la capacidad de negociación de los sindicatos para lograr mejoras. No puede interpretarse como un tope —añade—, pero los trabajadores del sector público ya manifiestan su rechazo al primer carpetazo.
Desde la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (Confetep) sostienen que es insuficiente el espacio fiscal aprobado por la cartera que conduce José Arista Arbildo, y por ello realizarán un plantón mañana 10 de junio en los exteriores del MEF para manifestar su voz de rechazo.
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Y desde la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) sostienen que el Gobierno de Dina Boluarte se está burlando de los trabajadores estatales y alistarán “una respuesta contundente”: paro nacional de 48 horas los días 12 y 13 de junio, ya que, por ejemplo, los CAS tendrán un aumento de S/36 al mes y los administrativos del DL 276, S/34 mensuales en su nuevo monto único consolidado (MUC).
“Es irrisorio el aumento planteado de entre S/23 y S/33 por trabajador. Es una cachetada. Dicen (del Gobierno) que estamos en crisis, pero esa crisis no la hemos creado nosotros, sino ellos con su incapacidad”, señaló a La República José Sandoval, vocero del Frente de Trabajadores Estatales del Perú (FTEP).
Según el líder sindical, siempre que hubo bonanza económica nunca quisieron los Gobiernos establecer aumentos en el sector público y recién con la Ley 31188 lograron obligarlos a que tengan un espacio fiscal para negociar. Sanvodal comenta que un aumento real de S/230 al mes es clave para recuperar el poder adquisitivo.
En 2022, por ejemplo, se estableció una subida de S/130,8 mensuales en el MUC para los trabajadores del DL 276 con un adicional del 13% pensionable; así como S/840 para los servidores del DL 728, CAS, Servir, penitenciario y diplomático, además de un bono excepcional de S/550. Para 2023, se acordó un alza de S/100 mensuales para los trabajadores en el nivel centralizado y un bono de S/600.
Ambos convenios generaron un impacto fiscal de S/514 millones y de S/809 millones, respectivamente, y para 2025 se estima que el gasto generaría un impacto fiscal de S/1.102 millones.
Para los trabajadores del sector público, la presidenta Dina Boluarte plantea un incremento muy reducido —según las quejas consignadas en este reporte— mas en el pliego de facultades legislativas enviadas al Congreso busca gastar hasta S/375 millones anuales para el tránsito al régimen del Servicio Civil de directivos públicos en las entidades del Poder Ejecutivo y un costo diferencial de hasta S/2.523 millones anuales para financiar el tránsito de los servidores civiles de carrera y de actividades complementarias.
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“Este tránsito no se ha hecho en 14 años y ahora lo quieren hacer en 6 meses. Ahí quieren meter a su gente. En la interpelación al ministro Arista pediremos que se aborde este punto”, cuestionó Sandoval.
Enfoque. Fernando Cuadros Luque, exviceministro de Promoción del Empleo
La ley de negociación colectiva estatal se aprobó el 2021 y se reglamentó en la gestión de Pedro Francke en el MEF, de la mano de las confederaciones sindicales estatales. Este será el tercer año de negociación colectiva general en materia económica en el Estado. Antes solo se daba en la práctica para las empresas públicas de régimen privado y para profesores y médicos por la relevancia que tienen, pero se dejaba de lado a la gran mayoría de trabajadores, cuyas mejoras estuvieron obstruidas.
En 2022 y 2023 se lograron convenios colectivos con mejoras remunerativas y económicas en general para los trabajadores estatales. No se debe perder de vista que el MEF establece un espacio fiscal que puede crecer durante la negociación colectiva. Igual, se tiene que respetar la viabilidad presupuestal, pues tampoco se trata de afectar la capacidad de la caja fiscal con incrementos incumplibles. En el espacio centralizado, el incremento que veremos este año se complementará a nivel descentralizado por entidad: si se da un incremento salarial más un bono, a nivel descentralizado por entidad no se acordará lo mismo, sino otras mejoras como bono por productividad o rendimiento.
Esta negociación puede durar lo que sea necesario, pero, según la ley, para que lo acordado en materia económica se comience a aplicar desde el 1 de enero de 2025, el convenio centralizado debe cerrarse al 30 de junio de este año y los descentralizados pocos días después. Pasada esa fecha, de no haber acuerdo económico, la mejora, en caso la hubiera, regiría desde 2026.